Dos de los cuatro indicadores que se utilizan para conocer la evolución de la pobreza energética en España empeoraron en 2020, como consecuencia de la pandemia, según ha informado este viernes el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico.

Se trata del indicador de temperatura inadecuada en la vivienda durante el invierno y del indicador de retraso en el pago de facturas de suministros de la vivienda, cuyos resultados crecieron en 2020 en 3,3 puntos y 3 puntos, respectivamente.

En concreto, en 2020, año marcado por los estragos del Covid, el 10,9% de la población considera que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, frente al 7,6% de 2020, mientras que el 9,6% afirma haberse retrasado en el pago de las facturas de los suministros de su vivienda (6,6% en 2019).

«Estos resultados reflejan la especial dificultad que han sufrido los hogares más vulnerables a la hora de mantener una temperatura confortable durante el invierno y de hacer frente al pago de facturas durante un año especialmente complejo como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19», apunta el Ministerio en su informe de actualización de los indicadores de pobreza energética.

La pobreza energética se define como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y que puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.

En este informe de actualización se explica y analiza la evolución en 2020 de la pobreza energética en España a través de los cuatro indicadores propuestos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV) y adoptados en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2019-2024 como indicadores principales para monitorizar su seguimiento.

El EPOV establece como manifestaciones de la pobreza energética la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos.

Los dos primeros indicadores empeoraron en 2020 respecto a 2019, mientras que el indicador de la pobreza energética escondida, definido como el porcentaje de los hogares cuyo gasto energético es inferior a la mitad de la mediana nacional, se ha reducido desde el 10,6% al 10,3%.

El último indicador, el de gasto desproporcionado, que refleja el porcentaje de hogares cuyo gasto energético sobre los ingresos es superior al doble de la mediana nacional, se mantiene prácticamente inalterado, con un variación entre 2019 y 2020 de apenas una décima, desde el 16,7% al 16,8%.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera ha destacado que el Gobierno ya ha desplegado un amplio abanico de medidas en la lucha contra la pobreza energética, desde la prohibición de los cortes de suministro hasta el refuerzo del bono social.

A comienzos de 2022, el Gobierno continuará reforzando la protección de los consumidores vulnerables sometiendo a información pública dos proyectos de real decreto que incluirán medidas como la ampliación de la población susceptible de recibir el bono social y la renovación automática del mismo para los beneficiarios.