Un informe elaborado por una comisión del Consello da Cultura Galega (CCG) urge implantar una moratoria en la instalación de nuevos parques eólicos en Galicia hasta que la Xunta revise y «corrija los defectos» de su plan sectorial, que data del año 1997 y fue revisado en 2002. Y es que, si bien la Administración autonómica ya anunció la paralización, hasta julio de 2023, de la recepción de nuevas solicitudes, este estudio considera que habría que parar también la tramitación de las 275 que hay pendientes.

Es una de las principales conclusiones extraídas del trabajo ‘Enerxía eólica e paisaxes culturais en Galicia’, realizado por un grupo de expertos multidisciplinares. Ha sido presentado este martes en una rueda de prensa en la que ha participado la presidenta del CCG, Rosario Álvarez, junto a la responsable de la Sección de Patrimonio e Bens Culturais y coordinadora del estudio, Rebeca Blanco-Rotea, entre otros.

De acuerdo con cifras oficiales recogidas en el estudio, en Galicia existen actualmente 176 parques eólicos con 3.867 megavatios de capacidad instalada, que están situados en 121 de los 313 ayuntamientos. A estos habría que sumar los 275 proyectos que están en trámite, que añadirán otros 7.200 megavatios. Con ellos, la presencia de los aerogeneradores alcanzaría los 189 municipios, más del 60 por ciento del territorio gallego.

Con todo, el informe incide en la necesidad de frenar las nuevas instalaciones hasta revistar el plan sectorial eólico y someterlo a evaluación ambiental estratégica. De este modo, se buscaría que siga los objetivos establecidos en las directrices del paisaje aprobadas por la Xunta, que entraron en vigor en febrero de este año, así como la Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia, entre otras normativas.

Asimismo, este trabajo pide que los proyectos atiendan a la protección de los valores de aquellos espacios que todavía no fueron incorporados a la Red Natura, donde los aerogeneradores no están permitidos.

Precisamente, el estudio demanda que se amplíe la Red Natura –paralizada desde 2011– para definir estos espacios «a mayor escala y detalle», ya que este instrumento de protección alcanza solo el 12 por ciento del territorio gallego frente a la media del 27 por ciento de la media estatal.

El Consello da Cultura Galega, uno de los máximos órganos asesores y consultivos de la Xunta, también propone a la Administración que busque «salvaguardar» lugares con «riqueza natural, cultural, paisajística, etnográfica o histórica»; un «compromiso político» con un desarrollo eólico que observe el territorio; que «tome conciencia de los procesos sociales y económicos» que implican estos proyectos; y una «replanificación» del modelo hacia uno más sostenible.

«UNA LLUVIA» DE SOLICITUD DE INFORMES

Durante la rueda de prensa, la presidenta del CCG ha explicado que la «preocupación» que genera este asunto entre la ciudadanía provocó que la institución recibiese entre 2020 y 2021 «una lluvia de peticiones de informes» sobre parques eólicos por parte de diferentes administraciones, principalmente locales, aparte de colectivos ecologistas, empresas y personas particulares.

De este modo, la institución optó por, en lugar de responder a estas solicitudes individuales, redactar un estudio «más global» de la mano de expertos multidisciplinares. Entre ellos, el jurista Carlos Amoedo Souto, el arqueólogo David Barreiro Martínez y la arquitecta Teresa Nieto Freire, presentes en la rueda de prensa; a los que se suman el geógrafo Augusto Pérez Alberti, el economista Xavier Simón y el arqueólogo Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez.

Eso sí, Rosario Álvarez ha recalcado que el CCG no ha redactado el informe «en contra» del sector eólico. En este sentido, la coordinadora de la comisión de trabajo ha reconocido que la apuesta por las energías renovables y sus instalaciones es «necesaria».

«Sin embargo, la manera en que se están desarrollando son perjudiciales» para diversos ámbitos, entre ellos el paisaje, el patrimonio, el medioambiente y la economía, lo cual «va en contra de la normativa autonómica, española y europea», ha advertido Blanco-Rotea.

Así las cosas, la coordinadora del estudio insiste en que el Consello da Cultura «está dispuesto a debatir y colaborar en la búsqueda de una mejor estrategia» para poder compatibilizar la energía eólica con otras actividades.

UNA «LIBERALIZACIÓN» DEL SECTOR

El informe parte de un análisis de cómo está el panorama actual en Galicia. Considera que, desde 2018 hasta la actualidad, la Comunidad vive un período de «consolidación de la liberalización de la energía eólica», a raíz de cambios normativos propiciados por la Lei 3/2018 de medidas fiscais e administrativas y la Lei 9/2021 de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica. Esto, añade, desembocó en «un ‘boom’ de nuevas propuestas».

Asimismo, el jurista Carlos Amoedo Souto ha alertado frente a otra práctica frecuente por parte de los promotores, que se aprovechan de «uno de los efectos» de la actual normativa eólica. Se trata de la fragmentación de los parques para poder decidir si se tramitan en la Xunta –los de menos de 50 megavatios– o en el Gobierno central –los que superan los 50–.

«Es una práctica irregular, porque precisamente uno de los pecados capitales que arrastra la regulación del sector eólico en Galicia es que no hay una correcta planificación del sector», ha aseverado, ya que el plan sectorial existente, del año 1997, está «obsoleto».

A mayores, la arquitecta Teresa Nieto Freire ha advertido de «otro fraccionamiento» que afecta a los distintos elementos que conforman un mismo parque eólico –los aerogeneradores, la línea de evacuación y los accesos, por ejemplo–, a pesar de que «todos forman parte de la misma infraestructura».

LA XUNTA, CON «MARGEN DE MEJORA» EN TRANSPARENCIA

Preguntado sobre si este ‘boom’ es mayor en Galicia que en otras comunidades, Amoedo Souto considera que este fenómeno en la gallega no tiene «parangón» en otras autonomías.

Sin embargo, ha reconocido que los datos oficiales al respecto no están «suficientemente afinados», porque la transparencia de la Xunta en este asunto tiene «un margen de mejora sensible». Es más, ha asegurado que el Ministerio para la Transición Ecológica es «más transparente» que la Administración autonómica.

El informe presentado este mismo martes, que está ya disponible en la web del Consello da Cultura Galega, será remitido primeramente a todas las asociaciones e instituciones que solicitaron el estudio, para posteriormente enviarlo al conjunto de las administraciones.

ANOVA PIDE A LA XUNTA «EXPLICACIONES»

A raíz de la publicación de este trabajo, Anova-Irmandade Nacionalista ha emitido un comunicado en el que su portavoz, Antón Sánchez, exige al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que salga a dar «explicaciones», dado que las conclusiones del CCG «son demoledoras» con sus políticas.

El informe, a su juicio, «deja al desnudo la desprotección del paisaje, del patrimonio y de la biodiversidad que las políticas en el sector eólico del Partido Popular provocan» en Galicia. Además, Anova solicita un nuevo plan «adaptado a estos tiempos», que el mismo se someta a una evaluación medioambiental estratégica y que se abra «una verdadera participación pública».

Por otra parte, la Plataforma Monfero di Non avanza este mismo martes que está trabajando en un informe similar para tratar de «conocer de primera mano y de manera exhaustiva» el «impacto real» que tendrían en la Comunidad los parques eólicos que hay proyectados actualmente. Para ponerlo en marcha, este colectivo llama a la colaboración ciudadana a través de la web Open Collective, con la que buscan recaudar 2.900 euros.