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Fiscalía pide un año de cárcel para un trabajador de Ence por dar patadas al coche del alcalde de Pontevedra

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Fiscalía solicita una condena de un año de cárcel y una multa de 1.400 euros por atentado contra la autoridad para Ramiro Cedeira, trabajador de la fábrica de Ence en Lourizán, por los altercados ocurridos el pasado mes de marzo durante un encierro de la plantilla en el Ayuntamiento de Pontevedra.

Tras el encierro, los empleados de la pastera realizaron un escrache por las calles de la ciudad en el que se dieron varias paradas al coche del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; hechos por los que Ramiro Cedeira se enfrenta a las penas reclamadas por el Ministerio Público.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, Comisiones Obreras ha confirmado que asumirán la defensa de este trabajador en los juzgados, ya que pertenece a este sindicato, al igual que la decena de compañeros que participaron en aquellos actos de protesta, aunque éstos no serán enjuiciados.

El secretario de organización comarcal de Comisiones, José Luis García Pedrosa, ha asegurado que «lo único» que hizo Ramiro Cedeira fue defender su puesto de trabajo en una movilización en la que, dice, «no hubo ninguna actuación delictiva», tan sólo «cánticos» contra el alcalde y también patadas a su coche cuando abandonó el aparcamiento.

Pedrosa ha lamentado que el Ayuntamiento de Pontevedra «quiera presentar a los trabajadores de Ence como violentos» y ha anunciado una campaña informativa para denunciar el caso.

«No he hecho nada ni he maltratado a nadie», ha aseverado este viernes el propio Cedeira, que ha lamentado que le traten como un «delincuente» cuando, ha indicado, el coche del regidor no sufrió ningún desperfecto durante los incidentes.

También ha apuntado que el delito de atentado contra la autoridad no puede aplicársele solo a él cuando se trata de una protesta colectiva.

Así las cosas, Comisiones Obreras acusa al gobierno local que encabeza el nacionalista Fernández Lores de llevar a cabo una campaña de «represión laboral» contra los trabajadores de Ence, cuya situación de inseguridad jurídicas es, según el sidicato, resposnabilidad del ejecutivo pontevedrés.

La presidenta del comité de empresas de oficinas centrales de la fábrica de Ence, Ana Cedeira, se posicionó también a favor del trabajador y declaró que esta denuncia «demuestra la calidad humana del alcalde, que es el único culpable de esta situación».

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