La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha participado este jueves por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios preparatorio del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que comienza el domingo y en el que se negociarán los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas en aguas comunitarias para 2022.

En él, la titular de Mar ha expuesto la preocupación de Galicia ante una propuesta de recorte en las posibilidades de pesca de algunas especies que «pone en riesgo alrededor de 400 empleos» en la Comunidad, una amenaza que, sumada a las rebajas de años anteriores, afecta, según la Xunta, «a más de 700 puestos de trabajo».

Así, ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los resultados de un informe encargado por el Ejecutivo gallego a la Universidade de Santiago de Compostela que revela que los recortes propuestos por los científicos y por la Comisión Europea para la merluza, el jurel y el rape producirían una caída en la facturación de la flota gallega de casi 34 millones de euros solo en 2022, una cifra que subiría hasta más de 70 millones en el acumulado desde el año 2019.

Además, el Gobierno gallego entregó al andaluz –que ostenta la representación de las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Ministros– este mismo documento para que lo sume al trabajo conjunto realizado con el Gobierno central en la defensa de los intereses del sector delante de la Comisión Europea.

La conselleira do Mar ha lamentado que, a la hora de fijar las cuotas de captura, el Ejecutivo comunitario suele tener en cuenta únicamente los aspectos biológicos de las especies, y no los socioeconómicos, a pesar de que la Política Pesquería Común (PPC) establece la necesidad de que haya un equilibrio entre los tres ámbitos.

Este estudio socioeconómico de la USC, ha explicado Rosa Quintana, realiza esa estimación, por lo que ha instado tanto al Gobierno central como al andaluz a trabajar con el objetivo de «suavizar y mejorar» las propuestas de la Comisión Europea (CE) y evitar el impacto que pueden tener tanto en la flota gallega como en las de otras comunidades.

El informe, entregado por la Xunta tanto al Ejecutivo central como a Andalucía –y a la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), Charlina Vitcheva, en una reunión el pasado 30 de noviembre– para las negociaciones del domingo y del lunes en Bruselas, muestra que el mayor impacto se corresponde con la flota dedicada a la captura de merluza, que vería como su facturación caería en más de 23 millones de euros en 2022 con la actual propuesta de posibilidades de pesca.

Con los recortes en años anteriores, las pérdidas de ingresos desde 2019 ascenderían la cerca de 60 millones de euros y la destrucción de empleo rondaría los 500 puestos de trabajo, de los que más de 200 serían el próximo año.

La titular de Mar ha lamentado, además, que las flotas más especializadas y selectivas son las más vulnerables la estas bajadas en las cuotas, pues tienen una mayor dependencia de los recursos que capturan.

En el caso de la merluza, las más afectadas serían las de palangre y los ‘volanteiros’ del Cantábrico Noroeste mientras que los puertos más perjudicados serían los de Celeiro y Burela, donde el 71% y el 42% respectivamente de sus descargas se corresponden con esta especie.

JUREL Y RAPE

Mientras, en el caso del jurel, la propuesta de TAC y cuotas para 2022 reduciría los ingresos de la flota que captura esta especie en casi 8 millones de euros respecto a 2021 y en 7,3 millones en relación con 2019 –pues hubo años con incrementos de cuotas– mientras que los empleos destruidos ascenderían a 126 solo en el próximo ejercicio y 112 en el acumulado desde 2019.

En cuanto a la flota más afectada, sería la de cerco, con mayor impacto en los puertos de Portosín, Malpica y Camariñas, donde el jurel concentra más del 60% de las ventas.

La propuesta para el rape, ha subrayado Rosa Quintana, implicaría un descenso en la facturación de la flota que captura esta especie de 2,6 millones en 2022, una cifra que sube hasta los 3,5 millones si se tienen en cuenta los recortes en las posibilidades de pesca aplicados desde 2019.

En materia de empleo ese impacto sería, según los cálculos de la Xunta, de medio centenar de puestos de trabajo solo el próximo año y de más de un centenar en el acumulado. Y en lo referente a los segmentos de flota y a los puertos más afectados, los perjuicios estarían muy concentrados en la flota del arrastre de Vigo, pues esta especie aporta más del 23% de sus descargas y el 36% de su facturación.