El concejal de Turismo de Santiago, Sindo Guinarte, se ha vuelto a mostrar este martes «a favor» de la implantación del cobro de una tasa turística, como existe en comunidades autónomas como Cataluña y Baleares, pero ha recordado que se precisa de «una habilitación» a través de una ley autonómica.

«Requiere que una ley del Parlamento de Galicia permita su establecimiento», ha explicado en una rueda de prensa celebrada este martes, después de que el lunes el grupo municipal de Compostela Aberta reclamase al gobierno local una mayor presión ante la Xunta para instaurar esta tasa.

En este sentido, Guinarte ha reiterado su apoyo a la medida, que ya está implantada no solo en Cataluña y Baleares, sino también en los países de Europa «más turísticos». «Es algo que hay que desmitificar o sacarle esa trascendencia que no permite hablar de ella», ha añadido.

Según el concejal, es «indiscutible» que una urbe como Santiago, que «tiene una presión turística importante a lo largo de muchos meses del año, requiere y necesita recursos» para atender a necesidades derivadas de esa presión. Y es que la capital gallega es «una ciudad pequeña que recibe, en comparación a su tamaño, a una gran cantidad de visitantes».

Es más, el concejal ha asegurado que hay estudios «que demuestran que su incidencia sobre la demanda turística es prácticamente despreciable». Por tanto, Guinarte considera esta tasa «una posibilidad a la que no» se debe «renunciar».

Eso sí, ha explicado que una vez implantada, «luego habrá que modular y decir cómo» se establece, porque «no tiene por qué ser indiscriminada» para todas las épocas del año ni para todo tipo de locales. En este sentido, aunque ha rechazado hacer «una propuesta concreta», considera que «lo razonable sería aplicarlo a todos los establecimientos, pero con una cuantía modulable».

Preguntado sobre cuál es la postura del alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, al respecto, el concejal de Turismo ha afirmado que «no tiene una posición contraria», pero también ha advertido que por ahora se trata de una cuestión «que está fuera» de la capacidad de decisión del Ayuntamiento.