La Xunta de Galicia ha recalcado que es «un deber» del Gobierno central revisar sus acuerdos con Audasa, una obligación que el Ejecutivo autonómico justifica con «los diferentes dictámenes y pronunciamientos que cuestionan los incrementos de los peajes y alertan de los excesivos beneficios de la concesionaria».

Así se ha expresado la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que ha mantenido este viernes una reunión con el presidente de ‘En Colectivo’, Diego Maraña, a la que también ha acudido el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.

En la reunión, según se informa en un comunicado, la conselleira ha trasladado que la Xunta «espera» que el Ejecutivo estatal «tome medidas» tras facilitarle el informe emitido por la Comisión Galega da Competencia sobre las compensaciones acordadas con Audasa por la financiación de las obras de ampliación de la capacidad de la autopista en los accesos a Santiago y a Vigo.

Dicho informe concluye que las compensaciones establecidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, y ratificadas posteriormente por el Ejecutivo actual en 2018, son «excesivas» y pueden llegar a constituir «ayudas de Estado» a la concesionaria.

Además, el Gobierno gallego ha remitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el dictamen emitido en 2020 por el Consello Consultivo de Galicia respecto de las compensaciones acordadas por las obras de ampliación de la AP-9.

A este respecto, considera el organismo que las subidas de peaje acumulativas autorizadas a la concesionaria para sufragar las obras en la infraestructura son «nulas de pleno derecho».

También en esta línea la conselleira ha recordado que las actuaciones de ampliación supusieron una inversión, por parte de Audasa, de casi 230 millones de euros, pero las compensaciones autorizadas a la concesionaria por las citadas obras superan los 1.400 millones de euros.

«PREOCUPACIÓN» POR EL PAGO POR KM

Por otra parte, la Xunta ha señalado también que el Consejo de Estado dictaminó en 2017 que el acuerdo entre el Gobierno de España, presidido por Rodríguez Zapatero, y la Xunta de Galicia, en la etapa del Bipartito, y Audasa, para la liberación del peaje de Rande y A Barcala, había supuesto un «enriquecimiento injusto» para la concesionaria.

En cuanto al procedimiento abierto por la Unión Europea respecto de la validez de las prórrogas concedidas a Audasa, el Ejecutivo autonómico ha instado al Gobierno central a «dejar clara» su postura sobre las condiciones jurídicas en las que se produjeron las citadas ampliaciones.

«Las bonificaciones de los peajes están íntegramente sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado, por lo que todo el esfuerzo de las bonificaciones se hace con cargo a dinero público y sin implicar, en ningún caso, a la concesionaria», ha remarcado Vázquez.

Finalmente, la Xunta ha destacado también su «preocupación» por el impacto que tendrá en Galicia el sistema de pago por kilómetro recorrido que el Goberno prevé implantar en las autovías.