La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha señalado que el ERE de Vestas, que afecta a 115 empleados y finalizó esta semana sin acuerdo, «se puede impugnar». Al respecto, remarca que la Xunta, en calidad de autoridad laboral, envió tres requerimientos durante la negociación a la compañía al detectar «malas praxis».

En declaraciones este viernes en Santiago, en donde ha estado en el acto por el 40 aniversario de la CEG, ha subrayado que el Gobierno gallego envió tres requerimientos «porque se observaban deficiencias en el procedimiento», en aspectos tales como que había «mucha rapidez» o se aportaba documentación a los trabajadores sin traducir.

Además, llama la atención acerca de la «especial agilidad en los plazos» para dar cuenta del ERE, en «cómo se agotan de manera instantánea, sin prorrogar nada».

Observa que esa «mala praxis» en la negociación «es un poco lo que sucedió en Alcoa». Por ello, «a partir de ahí, el comité de empresa tiene que toma una decisión sobre si impugna o no el ERE».

Expone que la empresa fue «especialmente ágil» con el proceso del despido colectivo. La compañía ha informado de que mantendrá la producción en la fábrica hasta finales de año. «No es habitual que se termine el periodo de consultas y al día siguiente se comunique ya a la autoridad laboral la finalización del periodo, lo que figura en esa comunicación es que a 31 de diciembre se pondrá fin a esos contratos», explica.

Por tal motivo, se deberá dirimir «si el procedimiento no fue el adecuado, si la negociación no fue la adecuada y si no se dio capacidad a los trabajadores para negociar o hubo mala fe, por decirlo de alguna manera».

Paralelamente, Lorenzana explica que mantendrá la tarea de buscar de comprador para la fábrica de Viveiro, mientras continuará con las mesas industriales «cada equis tiempo» cuando haya que comunicar «avances». A este respecto, ha pedido «interrelación» al Ministerio de Industria y a la consultora encargada por Vestas para compartir información.