Audasa, concesionaria de la AP-9, avisa de que pedirá una indemnización de más de 1.000 millones de euros en el caso de que se llegue a anular el contrato de la autopista en el marco del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España –por incumplimiento de la normativa comunitaria al autorizarse la última prórroga de esta infraestructura sin una licitación pública–.

Así figura en un folleto remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) a finales del mes de octubre con motivo de una emisión de obligaciones –que hará en noviembre por importe de 300 millones–.

De este modo, la compañía advierte de que «cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público implicaría, en todo caso y conforme a la legislación vigente, el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada».

A su juicio, esa indemnización «sería significativamente superior al importe actual de su deuda». A cierre de 2020 su endeudamiento bruto se sitúa en 1.065 millones de euros, según figura en este documento.

PROCEDIMIENTO

La Comisión Europea anunció el pasado 23 de septiembre la apertura de expediente a España por la extensión hasta 2048 de la concesión de la autopista de pago AP-9, la principal vía de vertebración de Galicia, sin lanzar una licitación pública.

Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no ha cumplido con sus obligaciones en esta materia.

En concreto, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.

La asociación gallega En-Colectivo presentó en julio de 2020 una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 –hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González– y 2000 –hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar– por considerar que vulneraban la normativa comunitaria. Esta entidad reclama al Gobierno que se anule la concesión y que se devuelvan los cobros indebidos de peajes desde 2013.

Por su parte, este escrito de Audasa a la CNMV también detalla los pasos a seguir por el procedimiento de revisión abierto por la Comisión Europea (CE). De tal modo, tras la carta de emplazamiento, si la CE llega a la conclusión de que el Estado no cumple sus obligaciones, puede enviar un dictamen motivado, es decir, «una petición formal para que se dé cumplimiento» a la legislación europea. En el caso de que el Estado mantenga el incumplimiento, la CE puede remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

De tal modo, si el TJUE sentencia que España infringe la normativa europea, el Estado «podrá adoptar o no aquellas medidas que considerase adecuadas para ajustarse a la sentencia». Es aquí donde Audasa advierte de que se deberá indemnizar a la compañía en caso de salir perjudicada.

RECLAMACIÓN DE MÁS DE 46 MILLONES POR CAÍDA DE TRÁFICO

En este folleto publicado en la CNMV, el procedimiento abierto por la Comisión Europea es uno de los siete riesgos que enumera la compañía en su emisión de obligaciones como información acerca del emisor.

Uno de ellos se refiere a los riesgos derivados de la covid. Aquí se recoge que Audasa reclama 46,2 millones de euros al Gobierno por la pérdida de ingresos en el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 30 de septiembre de 2020). Informa de que esta solicitud ha sido rechazada por vía administrativa por el Ministerio de Transportes, de modo que la compañía ha iniciado un procedimiento por la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, detalla el «impacto negativo» en los niveles de tráfico por la pandemia. De tal forma, hubo un descenso del 29,92% en 2020 respecto a 2019, con unos ingresos por peaje un 16,6% inferiores (al pasar de 153,4 millones en 2019 a 127,9 millones en 2020, una reducción de 25,5 millones).

La intensidad media diaria (IMD) del conjunto de todos los tramos sujetos a peaje fue en 2020 de 15.126 vehículos, frente a los 21.584 vehículos en 2019. Hubo una caída del 31,4% de los vehículos ligeros y del 12,9% de los vehículos pesados.

Sin embargo, recoge que en el primer semestre de 2021 se recuperan los tráficos un 27,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, los ingresos por peaje son un 31,43% superiores (al pasar de 46,7 millones a 61,4 millones, un incremento de 14,7 millones).