El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha insistido en que «sin precio estable y competitivo» de la energía, la planta de Alu Ibérica en A Coruña (antigua Alcoa) «no tiene futuro».

En respuesta a una pregunta formulada por el diputado del BNG Ramón Fernández durante el pleno celebrado este miércoles en el Parlamento gallego, el responsable económico del Gobierno autonómico ha responsabilizado al vuelto a dirigir las responsabilidades de la crisis industrial de Alu Ibérica y otras empresas como Alcoa o Ence hacia el Ejecutivo central.

«Si el Gobierno no hacen algo para que Alu Ibérica pueda competir en igualdad de condiciones estaremos más cerca del cierre», ha incidido Conde, que ha puesto el acento en que Galicia no tiene un «problema industrial» sino «energético» y que está motivado por la «inacción» y las «contradiciones» de la Administración central.

Conde reiteró que el problema de Galicia no es industrial, sino energético, causado por la transición energética injusta y desordenada que está llevando el Gobierno central y que comenzó en 2018 con la falta de una solución para la industria electrointensiva.

«Lamentablemente tenemos un gobierno que tiene en jaque a Ence, Alu Ibérica y Alcoa por una política energética que ustedes avalan», ha aseverado el número tres de la Xunta.

HUELA EN IKF, A GUARDA

Por otra parte, la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha defendido que la Xunta no tiene capacidad para articular una mesa de negociación entre la dirección de la compañía IKF y sus trabajadores de la planta de A Guarda, que suman 46 días de huelga por la imposición de una doble escala salarial en aplicación del convenio sectorial para los nuevos empleados.

Tras la pregunta del diputado nacionalista Manuel Lourenzo, que ha advertido que los cambios implicarín diferencias salariales «de entre 5.000 y 9.000 euros anuales» para trabajadores que desempeñan «las mismas funciones», la conselleira ha defendido que la Xunta mantiene contactos con la compañía y comité de empresa desde el verano, pero que carece de instrumentos a nivel legal para convocar una mesa de negociación.