El sistema público de pensiones sobrevivirá en el año 2050, aunque lo hará en un mundo muy diferente al actual y a través de unos mecanismos que deben adaptarse a un mundo cambiante a través de una reforma en la que ven fundamental que las formaciones políticas aparquen visiones cortoplacistas y de estrategia electoral para consensuar un modelo «sostenible».
Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la segunda mesa celebrada en el marco de las jornadas ‘Diálogo sobre el futuro del envejecimiento’, que se celebran este lunes en Santiago de Compostela y que ha sentado a tres expertos para debatir sobre el futuro de las pensiones.
Con el horizonte fijado en el año 2050, la directora de Estudios Sociales de FUNCAS, Elisa Chuliá; la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez Navarro; y el profesor de la Universidad de Barcelona, Diego Valero; han coincidido en rechazar «visiones apocalípticas» sobre un hipotético fin del sistema de prestaciones públicas, que sí creen que sufrirá cambios «drásticos» durante las próximas décadas.
El envejecimiento de la población asociado al aumento de la esperanza de vida hará que, en apenas 15 años, España cuente con casi 13 millones de personas por encima de los 65 años, lo que provocará que, en los años siguientes, existan dos mayores de esa edad por cada tres personas en edad de trabajar.
Afrontar este reto en una sociedad cambiante que precisa constantemente adaptarse al «vertiginoso» desarrollo tecnológico constituye, según han coincidido los tres expertos asociados a la banca, sindicatos y docencia; un desafío para las administraciones a la hora de diseñar un modelo sostenible, tanto desde la perspectiva económica como social.
En todo caso, vaticinan que en las próximas tres décadas se mantendrá el sistema público de pensiones, cuyo final, como han recordado, «es un mantra» que se ha ido repetiendo a lo largo de los años. «En el fondo de esa negación existe un componente ideológico de una parte interesada cuyo negocio son los planes de las pensiones», ha señalado la responsable de UGT.
Para la diretora de Estudios Sociales de Funcas, la pregunta no es si hará pensiones en 2050, sino a cuánto ascenderán, puesto que «las visiones dramáticas o apocalípticas» en torno a las prestaciones «no llevan a ninguna parte, sólo a la radicalización de algunas posiciones».
En todo caso, Elisa Chuliá, que ha apelado a abrir el debate sobre lo que se considera «vivir bien», cree que la tendencia durante las próximas décadas se dirige a una bajada de la tasa respecto al último salario, puesto que en España existe un nivel «relativamente generoso» en comparación con otros países del entorno, como Alemania.
Tras apuntar al cambio climático como un elemento que va a marcar «casi todo» durante los años venideros, el profesor David Valero ha advertido que uno de los factores a mejorar es la mejora de la productividad, puesto que las cifras apuntan a una mejora «de la productividad mala» porque se ha hecho a costa de los salarios y del número de trabajadores.
En todo caso, ha incidido en la importancia de aparcar «debates» sobre si el sistema de pensiones «sobre si es de reparto o de capitalización», ya que considera que debe ponerse en el centro «que sean buenas pensiones» independientemente del modelo.
HACER LAS PENSIONES «COMPRENSIBLES»
Otro de las recomendaciones trazadas por el profesor de la universidad catalana es corregir el desconcimiento que la población tiene sobre el funcionamiento del sistema de pensiones que, para Valero, se debe a la falta de información y a que se articula en torno a mecanismos «incomprensibles».
Como ejemplo de ello, ha señalado que, hace años, puso un ejercicio a sus alumnos de último año, a los que pidió que realizasen una simulación a través de la herramienta de la Seguridad Social para calcular la prestación por jubilación. Sólo el 40% de los alumnos pudo completarlo «de forma razonable».
«Casi nadie llega a la jubilación sabiendo cuánto va a cobrar», ha señalado el profesor, que considera que «las cosas pueden hacerse mucho más sencillas», por lo que ha invitado a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a fijarse en oficinas abiertas en otros países que ayudan a las personas «a tomar decisiones» sobre su vida laboral.