Pensionistas y jubilados de CIG se han concentrado este jueves en las siete ciudades gallegas y la localidad pontevedresa de Bueu para reclamar unas «pensiones dignas» y protestar contra la reforma que se tramita en el Congreso de los Diputados, que «no las garantiza» y «consolida los recortes que supusieron su reducción en 2011».

El colectivo ha incidido en que «el Gobierno advirtió de que esta es la primera parte de una negociación» que, a su juicio, «anticipa nuevas pérdidas de derechos en base a exigencias de la Unión Europea (UE)», según ha trasladado la central sindical.

De este modo, ha censurado el anuncio de la eliminación del factor de sostenibilidad por el de equidad intergeneracional, ya que «supondrá nuevos recortes en las pensiones de las generaciones del ‘baby boom’ hasta penalizar el aumento de la esperanza de vida». También ha rechazado que se mantenga la reforma de las pensiones de 2011, lo que conlleva «mantener una caída del 25%» que «supuso una ampliación de la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del periodo de cálculo a los 25 años».

Asimismo, los pensionistas y jubilados han puesto el foco en que la nueva reforma no garantiza el poder adquisitivo de las prestaciones dado que las mínimas no alcanzan el 60% del salario medio del país, de acuerdo con la carta social Europea.

En este sentido, han señalado que «se sigue anulando la jubilación parcial, se penaliza la anticipada, se atrasa la edad de jubilación y se fomenta el aumento de la vida laboral, mientras se impide la entrada de gente joven al mundo laboral y se cronifican la emigración y el paro entre menores de 25 años».

También han acusado al Ejecutivo central de «condenar a muchos trabajadores a prolongar su vida laboral en actividades penosas y de gran esfuerzo físico» y han reprobado la negociación «a escondidas» del futuro del sistema público de pensiones «fuera de ámbitos de representación institucional». Además, el colectivo ha denunciado el «fomento de planes privados de pensiones».

PROPUESTAS

Frente a ello, ha defendido la derogación de las reformas laborales y las contrarreformas de las pensiones, además de la equiparación de la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por ley.

Adicionalmente, ha demandado la jubilación a los 65 años y que se restablezca el derecho a la parcial a los 61, así como que se eliminen los topes máximos de cotización a la Seguridad Social y la transferencia de la gestión de esta última a la comunidad.

Los pensionistas y jubilados de la central han exigido además la eliminación de las desgravaciones fiscales de planes privados de pensiones, el reconocimiento por ley coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones con mayor penosidad o peligrosidad y el fin de bonificaciones y descuentos para el empresariado en las cotizaciones.