La Xunta de Galicia ha lamentado que el Gobierno central «se niegue una vez más» a eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo público.
En un comunicado remitido a los medios, el Gobierno gallego señala que esta decisión fue trasladada a las comunidades autónomas y a las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, celebrada en la mañana de este martes.
La Consellería de Facenda recuerda que las tasas de reposición son limitaciones técnicas a la incorporación de plazas a las ofertas de empleo público y su aplicación está unánimemente considerada como el principal factor que determina las amplias tasas de temporalidad que existen en las administraciones públicas.
Por ello, ha señalado que solicitó en numerosas ocasiones la eliminación de las tasas de reposición. De hecho, ha destacado que llegó a presentar una propuesta de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), una petición que crítica que nunca fuese atendida por el Gobierno del Estado.
No obstante, la Xunta ha valorado positivamente el anuncio del Gobierno de eximir a los dispositivos de incendios de la aplicación de estas tasas de reposición, de forma que la convocatoria de plazas estará únicamente condicionada por la suficiencia financiera de cada comunidad.
Con todo, ha asegurado que no hay justificación para que esta medida se limite únicamente a este sector y no alcance el resto de personal que presta servicios básicos como son la sanidad, la educación y los servicios básicos sociales, especialmente en las comunidades autónomas que cumplen con la consolidación fiscal.
Con respecto al anuncio de la subida salarial a los empleados públicos, la Consellería de Facenda ha señalado que el Gobierno central no celebró ninguna reunión con las comunidades autónomas, por lo que estas conocieron las intenciones del Ejecutivo estatal durante la reunión celebrada este martes junto con las organizaciones sindicales y sin ningún tipo de participación y negociación previa, un comportamiento que para el Gobierno gallego está lejos de una cogobernanza real.