Galicia recibirá 3.150 millones de euros de fondos de cohesión para el periodo 2021-2027, a lo que se suman 111 millones para una transición justa por el cierre de centrales térmicas.
Estos 3.150 millones –que se corresponden con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)– suponen un incremento del 8,1% respecto al anterior marco financiero.
De este modo, Galicia es la segunda comunidad que más fondos percibe, solo por detrás de Andalucía (12.170 millones), en un cómputo global de 34.693 millones de fondos de cohesión para las comunidades (+13,2%), según datos del Ministerio de Hacienda.
El delegado del Gobierno, José Miñones, ha celebrado esta partida, ya que destaca que supondrá avanzar en la cohesión social, económica y territorial de Galicia.
A través del Feder se financian actuaciones dirigidas a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones de la UE y a reducir el retraso de las zonas menos favorecidas. El FSE+, persigue el objetivo de apoyar a los Estados y regiones para alcanzar elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de obra capacitada y resiliente.
La ejecución de estos fondos se gestionará, bien directamente por la Xunta o bien por la Administración General del Estado, a través de programas plurirregionales. El delegado ha recordado, además, que la Xunta cuenta con una cierta flexibilidad, pues puede hacer uso de lo establecido en la normativa europea que permite la transferencia de recursos entre uno y otro fondo hasta un determinado límite.
FONDO PARA EL CIERRE DE TÉRMICAS
Por otra parte, el Gobierno también reparte 868,7 millones del nuevo Fondo de Transición Justa que beneficia a ocho provincias: A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz.
De este modo, la provincia de A Coruña recibirá 111 millones para inversiones y ayudas en las áreas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.
La distribución de los recursos de este nuevo fondo se ha realizado por el Instituto para la Transición Justa con base en el volumen de emisiones, empleo en minería y peso del empleo industrial.
