La Comisión Galega da Competencia, organismo vinculado a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Emprego e Industria, considera «excesivas» las compensaciones económicas otorgadas a la concesionaria de la AP-9, Audasa, por las obras que realiza en la infreastructuras, que permitan una subida de peajes que hace que obtenga un beneficio «injustificado».

Así lo determina en un dictamen aprobado en el pleno de la comisión el pasado 1 de octubre y que permanece publicado en la página web del organismo autonómico, en el que también pone en cuestión las sucesivas prórrogas concedidas por los distintos gobiernos que, según la entidad, va en contra de la competencia y del interés de administraciones y usuarios.

El documento analiza las concesiones concedidas a Audasa y expresa sus dudas por el régimen en el que queda fijado el sistema de compensaciones asociado a las peajes por las inversiones a realizar en la infraestructura, una cuestión que hace una semana fue también cuestionada por la Comisión Europea en relación a la prórroga aprobada por el gobierno de José María Aznar en el año 2000.

Así, Competencia establece que el cálculo del sistema de compensción debería orientarse «exclusivamente» a que la concesionaria recupere la inveresión y así evitar que estos gastos supongan la «ruptura del económico del equilibrio económico».

Sin embargo, considera que en el caso de Audasa existe un exceso de la compensación económica que, por tanto, redunda en unos beneficios «injustificados».

De hecho, cree que el 1% de la subida anual de peajes asociada al incremento del IPC que fue le concedida a Audasa en compensación por las obras de Rande y Santiago «es muy superior a la que tendría que haber abonado» por la financiación de dichas acutaciones si se adjudicasen «a un operador de mercado».

Por lo tanto, Competencia considera que las condiciones otorgan «una ventaja indebida» a Audasa, al tiempo que advierte que, a pesar de que el régime de concesiones constituyen un «monopolio legal», el hecho de que se concedan prórrogas a mayores restringe la concurrencia de otros operadores, con lo que «desaparece el mercado y la competencia en perjuicio de la propia Administración y de los consumidores».