Los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre del año un total de 447 lanzamientos, de los que 343, el 76,7%, se debieron a impagos del alquiler, derivados pues de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Según los datos proporcionados este miércoles por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), otros 89 desahucios se correspondieron con ejecuciones hipotecarias y los 15 restantes derivaron de otras causas. En comparación con el mismo periodo de 2019, antes de la crisis sanitaria, los lanzamientos ejecutados en la comunidad descendieron un 32%.

Si se comparan con los de 2020, los lanzamientos aumentaron un 438,6%, al pasar de 83 a 447, si bien las fuentes judiciales advierten de que el incremento no es significativo, ya que se debe a la incidencia de la pandemia en los órganos judiciales.

De los datos del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público este miércoles por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se desprende que, en el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre abril y junio disminuyeron un 21,2% respecto a 2019. En Galicia se practicaron durante ese periodo 16,6 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 24,4 de media estatal.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el segundo trimestre del año aumentó un 47% con respecto a 2019. Entre abril y junio de 2021, se presentaron 253 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a las 172 del año anterior a la crisis sanitaria. En el conjunto del Estado se presentaron 7.646, lo que supone un incremento del 98,2% con respecto a 2019.

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDA

El estudio también refleja que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año los juzgados gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Por tanto, recibieron un 31% menos que en 2019, cuando ingresaron 32, y un 18,5% menos que en 2020.

En Galicia se registraron 0,8 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la comunidad, junto con el País Vasco –que presenta la misma tasa–, como la tercera en la que menos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se presentaron. Solo Asturias y Cantabria, con 0,5 por cada 100.000 habitantes, tienen una cifra menor.

CONCURSOS Y DESPIDOS

El informe presentado este miércoles también incluye datos de los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil, que han aumentado. De los 52 registrados en el segundo trimestre de 2020, se ha pasado a 79 este año, lo que supone una subida del 52%. Y, en comparación con 2019, el aumento es del 16%.

Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia de abril a junio 89 casos. En el mismo periodo del año pasado fueron 38 (un 134% más) y en 2019, 46 (93,5 % más).

En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE’s), en la Comunidad gallega se contabilizaron en el segundo trimestre del año un total de 23, es decir, un 130% más que en 2020, cuando se registraron diez, y un 283% más que en 2019, cuando se contabilizaron seis.

En los juzgados de lo social, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, se interpusieron 1.155 demandas por despido, lo que supone un descenso interanual del 8 por ciento, pues el año pasado se registraron 1.255. Y, en 2019, se contabilizaron 1.350, un 14,4 más.

El estudio, además, refleja un incremento de los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción. En Galicia se interpusieron 10.674, frente a los 8.832 del año pasado, lo que supone una subida interanual del 21 %. En 2019 se registraron 9.943, un 7,3 % menos.