El Gobierno de España prevé «participar activamente» en «cualquier iniciativa» o estrategia para el despliegue de una industria europea de microchips, porque tiene «empresas y capacidades» para ser parte de ese proyecto.
Así lo ha trasladado la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, en declaraciones a los medios durante una visita a la feria Mindtech 2021 que se clausura este jueves en Vigo.
A preguntas de los periodistas sobre la crisis global de los microchips, que ha puesto en jaque la producción de la planta viguesa del grupo Stellantis (que la propia Calviño visita este jueves) y de otras fábricas del sector, la ministra ha señalado que, en los últimos meses, se ha constatado «la enorme dependencia» que la industria española y europea tienen de proveedores de microchips de otros países.
Los problemas de aprovisionamiento están causando ahora impacto en la industria (y también en los servicios), y una de las actividades más afectadas es la automoción, que el Gobierno considera «absolutamente prioritaria». No en vano, ha recordado la ministra, el primer PERTE impulsado desde el Gobierno es el del vehículo eléctrico y conectado.
Por ello, en este escenario de falta de componentes y materias primas, Nadia Calviño ha subrayado la importancia de que haya «una autonomía europea estratégica en la fabricación de microchips». «Desde España, tenemos la intención de participar activamente en cualquier proyecto estratégico, en cualquier iniciativa de ámbito europeo», ha proclamado, y ha añadido que el país dispone de «empresas y capacidades» para contruibuir al despliegue de esa industria europea de microchips.
FACTURA DE LA LUZ
Por otra parte, Calviño se ha referido también a las medidas del Gobierno para rebajar la factura de la luz a ciudadanos y empresas, y ha insistido en que el Real Decreto trata de «amortiguar» el impacto del alza de precios de la energía en el mercado internacional, una subida que está afectando también a otros países.
La vicepresidenta económica del Gobierno ha reconocido que el precio de la energía es una cuestión «fundamental» para la economía de las familias y para la competitividad de las empresas y, por eso, se han tomado decisiones ante este «fenómeno de alza» de precios que llega en pleno proceso de transición energética.
«Tenemos que asegurarnos de que el coste del proceso no recae solo en los ciudadanos», ha recalcado, y ha afirmado que el Gobierno ha actuado sobre tres componentes de la factura: el precio de la energía, los costes del funcionamiento del sistema y los impuestos.
