La portavoz socialista de Vivienda en la Cámara Baja, Eva Bravo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno aprobará antes de que acabe este año el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, pero que la ley no será aprobada hasta el tercer trimestre de 2022, es decir, dentro de un año.
Así lo ha dicho durante su intervención en el Pleno del Congreso durante el debate de una moción sobre vivienda del PP, en referencia a una reforma que ya va con varios meses de retraso conforme al calendario inicialmente previsto por las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la regulación del precio de los alquileres, uno de los puntos de pacto de coalición.
«Ya se ha realizado la consulta pública previa y el período participativo de dicha ley y se va aprobar el anteproyecto de ley antes de concluir este año», ha dicho Bravo, incidiendo en que así se contempla en el Plan Normativo 2021 aprobado por el Gobierno el pasado 31 de agosto. «Y se aprobará en el tercer trimestre de 2022 tal y como se señala en el plan», ha apostillado.
Estos plazos, ha remarcado la diputada socialista, cumplen con lo comprometido ante las autoridades europeas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la recepción de fondos europeos.
ERA PARA ENERO DE 2021
Estos plazos implican un importante retraso respecto a lo acordado en el seno de Gobierno, ya que para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021, PSOE y Unidas Podemos acordaron impulsar esta ley, con la regulación del precio del alquiler, en enero de este año, y tramitarla en el Congreso en febrero, hace ya ocho meses.
El retraso responde principalmente al desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos en materia del alquiler, ya que los primeros, competentes en materia de vivienda, se resisten a abordar esta regulación de precios, y defienden la vía de los incentivos fiscales.
El acuerdo de coalición para la investidura de Pedro Sánchez y conformación del Gobierno contempla esta regulación para contener las subidas abusivas y el acuerdo de Presupuestos, firmado hace ya un año, contempla que la regulación incluirá mecanismos para frenar y rebajar las rentas del alquiler.
