La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra ha acusado a la dirección de Ence y a sus «recaderos de la Xunta» de tratar de «saltarse la ley y las decisiones judiciales» –en alusión a la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la prórroga concedida a la empresa para permanecer en Lourizán– con «chantajes disfrazados de soluciones jurídicas». El presidente del colectivo ambiental, Antón Masa, ha denunciado que «Ence y la Xunta apuestan por la prevaricación».

Al valorar la reunión entre el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, con representantes de los comités de empresa y de las industrias auxialiares, el colectivo ecologista ha advertido que «cualquier solución legal pasa por la salida de Ence de la ría», por lo que ha instado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a «no ceder frente a las pretensiones empresariales» en la mesa de diálogo que se celebrará próximamente.

Antón Masa ha afirmado en un comunicado que esta organización «rechazará cualquier solución que suponga la permanencia de Ence en la ría» y que actuará para «impedir semejante atropello al interés general y a la ley».

Masa ha criticado que los acuerdos entre el titular de Economía de la Xunta y los portavoces de los trabajadores «parecen cosa de trileros o marfiosos», destacando que Conde «no tuvo reparo en adquirir un compromiso» enfocado a «buscar fórmulas que permitan modificar las decisiones judiciales».

LENGUAJE DE ENCE

«Traducido al lenguaje de Ence», ha explicado el presidente de la APDR sobre el resultado del encuentro celebrado en la sede de la Xunta, «deja ver con total claridad que lo que se persigue es buscar otro modo de que los jueces del Tribunal Supremo que tengan que dirimir los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional «pongan en la sentencia lo que le convenga a la empresa».

Antón Masa también ha expresado su oposición a la propuesta del comité de la fábrica para «que la empresa pueda seguir trabajando en Lourizán el tiempo que le venga en gana» aunque el dictamen del Supremo confirmase la sentencia de la Audiencia Nacional. Ante la actitud de Francisco Conde de «no hacer ascos» a ese planteamiento e «interceder ante el Gobierno con ese objetivo», desde la APDR han reprochado que «una vez más Ence y la Xunta tratan de preparar el terreno para burlar la ley y dejar en la más absoluta indefensión a la ciudadanía».

También ha cuestionado que la Consellería de Economía, Empresa e Innovación inste a Teresa Ribera a «rectificar» presentando soluciones «que den apariencia de legalidad para conseguir el incumplimiento de la legislación en beneficio de los intereses particulares de una empresa y en detrimento del interés general».

Tras las críticas de la Xunta hacia el Ministerio por inhibirse en la causa abierta en la Audiencia Nacional, desde la APDR han acusado al Gobierno gallego y a la factoría pastera de intentar que la ministra de Transición ecológica –una cuestión que han hecho extensible al ayuntamiento de Pontevedra_»defienda la ilegalidad, un medio en el que tanto Ence como la Xunta parecen moverse con absoluta destreza», ha concluido Antón Masa.