La llamada ‘ley de riders’, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entra en vigor este jueves, 12 de agosto.

Esta ley se publicó el pasado 12 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estableciéndose su entrada en vigor a los tres meses, es decir, el 12 de agosto.

La norma es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Asimismo, la norma contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, se recoge en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

La norma ha sido muy criticada por asociaciones de repartidores. Así, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de ‘food delivery’ en España, Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, advirtió en su día de que esta ley pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español.

DELIVEROO PLANEA CESAR SU ACTIVIDAD EN ESPAÑA

A finales del mes de julio, a pocos días de la entrada en vigor de la ley, la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció que planea el cese de sus operaciones en España. En concreto, la plataforma comunicó su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el fin de su actividad en el mercado español.

La consulta de Deliveroo sobre el cese de sus operaciones en España estará condicionada al resultado de un proceso consultivo con los empleados afectados y con los ‘riders’. Deliveroo prevé que el proceso de consulta colectiva comience a principios de septiembre y la empresa trabajará con todas las partes interesadas y preparará toda la documentación necesaria para ello.

En caso de que la empresa decida poner fin a sus operaciones tras la conclusión del proceso de consulta, que durará aproximadamente un mes, la empresa ha afirmado que se asegurará de que los ‘riders’ y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local.

JUST EAT NEGOCIA UN CONVENIO CON LOS SINDICATOS

Por su parte, la plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat se encuentra negociando con UGT y CCOO para fijar las bases del que será el primer convenio colectivo del sector del ‘delivery’ en España.

En concreto, este convenio será el primero a nivel nacional que ayude a organizar las relaciones laborales de la economía de plataformas en el reparto de comida a domicilio y estará totalmente alineado con la Ley ‘Rider’.

DENUNCIAS CONTRA GLOVO ANTE LA INSPECCIÓN

Por su lado, Glovo anunció hace un tiempo el lanzamiento de un nuevo modelo de autónomo «inédito en España» y la contratación de 2.000 trabajadores antes de que finalice 2021 para adaptarse a la normativa.

No obstante, hace un par de días, CCOO de Cataluña informó de que ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y «desafiar la Ley Rider abiertamente sin hacer el intento de adaptarse a la normativa».

Las denuncias son para que se produzca el reconocimiento de los trabajadores autónomos como asalariados y por el «intento de estas empresas de dar cobertura a su estructura sin la laboralización efectiva, ya sea con la subcontratación o ETT».

UBER EATS Y STUART

Por su parte, el despacho SBO Abogados está recabando información para interponer demandas individuales acumuladas contra Uber Eats por romper la relación laboral existente con los trabajadores autónomos, así como por «cesión ilegal» de repartidores a subcontratas.

Uber Eats ha comunicado en un mensaje interno, al que ha tenido acceso Europa Press, que los trabajadores autónomos no podrán seguir proporcionando servicios de reparto a través de su plataforma a partir de este 12 de agosto.

La plataforma indica, sin embargo, que si el empleado ya está trabajando con algunos de sus socios en ‘delivery’ nada cambiará y podrá seguir operando como hasta la fecha.

«Como compañía estamos comprometidos con seguir siendo un socio a largo plazo en el sector del delivery en España y estamos trabajando contrarreloj para adaptarnos a la nueva normativa», indica la empresa en el mensaje.

De su lado, el presidente de la asociación unificada de Riders AUR, Fernando Roan, ha explicado que ya hay más de 30 ‘riders’ que se han unido a la demanda. «Uber Eats ha tomado la decisión de quien no quiera contratos precarios no podrá trabajar, dejando a miles de familias en la calle», ha denunciado en declaraciones a Europa Press.

Desde esta asociación defienden un modelo mixto, ya que, según asegura Roan, el sector en su mayoría «quiere seguir como autónomo». «No me podía quedar de brazos cruzados de ver cómo a compañeros que hemos sido esenciales en la pandemia y en condiciones atmosféricas como Filomena se nos echa con una mano delante y otra detrás. Es injusto», ha manifestado.

Por su parte, la compañía de mensajería Stuart ha reivindicado un modelo de negocio flexible basado en repartidores independientes, con motivo de la entrada en vigor de la ‘ley Rider’.

A pesar de que la empresa considera esta alternativa como la más beneficiosa para todas las partes, ha señalado que mantiene un «gran compromiso» con el mercado español y ha manifestado su deseo de cumplir con los requisitos de la nueva legislación.

En este sentido, durante el periodo de transición, Stuart ya ha empezado un proceso de contratación directa de una parte importante de su flota. Al mismo tiempo, y como contempla la nueva normativa, ha anunciado que también contará con repartidores que provengan de flotas profesionales.

Asimismo, desde Stuart han anunciando estar promoviendo un convenio colectivo del sector que recoja las peculiaridades del modelo de reparto de última milla. «Entendemos, después de estudiar en detalle los convenios existentes, que es necesario un marco de relaciones laborales justo para los repartidores y que comprenda el modelo operativo de las plataformas digitales», ha explicado la compañía.