El comité de empresa de Ence ha exigido este martes «compromisos ya por todas las partes», el Gobierno central, la Xunta y la dirección de la fábrica, para garantizar «la continuidad y el futuro» de sus puestos de trabajo tras la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la concesión concedida a la factoría para permanecer en Lourizán.

«La gente está cabreada, intranquila y no nos vale dar largas a dentro de un mes o dentro de un año a ver qué pasa», ha asegurado el secretario del comité, Pablo Bacariza.

Los representantes de la plantilla han respondido así a la oferta de la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, que les emplazó a «los primeros diez días de septiembre» para volver a convocar la mesa de diálogo sobre el futuro de la empresa.

«Consideramos que no podemos seguir esperando más tiempo, esto tiene que iniciarse ya», ha insistido Bacariza, instando al Gobierno central y a la Xunta a «mover ficha», así como a los responsables de Ence para «ser partícipes» de esa mesa. «Si no, estamos abocados a un cierre inmediato», ha advertido el secretario del comité de la fábrica.

Tras mas de una hora de reunión en la Subdelegación del Gobierno, en cuyo exterior se concentraban más de un centenar de empleados que llenaron de rollos de papel higiénico la escalinata del edificio administrativo y parte del espacio ajardinado de la Alameda adyacente, la delegación sindical expuso a la plantilla el resultado del encuentro.

Ante el rechazo del personal a los planteamientos de la subdelegada, los trabajadores iniciaron una marcha «espontánea» por las calles de Pontevedra en dirección a los accesos a la ciudad desde las vías de orillamar.

En su itinerario a pie, en el que corearon consignas a favor de la continuidad de Ence e hicieron sonar bocinas y silbatos, al tiempo que lanzaron petardos, algunos trabajadores derribaron y desplazaron contenedores y vallas de obra en el centro de la calzada, impidiendo así la circulación de los vehículos. Sus acciones fueron seguidas a distancia por efectivos de la Policía Local y Nacional, que no llegaron a intervenir.

Los trabajadores de Ence avanzaron hasta la rotonda de la Avenida de Corbaceiras donde, además de impedir el tránsito viario y provocar retenciones en la circulación del tráfico, realizaron una sentada que duró varios minutos.

Posteriormente se desplazaron hasta la delegación administrativa de la Xunta en Pontevedra en Campolongo con el propósito de solicitar una entrevista dirigida al conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde.

El secretario del comité de la fábrica de Ence ha avisado que no van a permitir «bajo ningún concepto» el cierre de la factoría tras una decisión judicial que les deja «unos plazos muy cortos». Por ello, mantendrán las movilizaciones sin un calendario concreto argumentando que para el personal «agosto no son vacaciones».

SUBDELEGACIÓN

Por parte de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, su titular les ha trasladado que la Administración Central está dispuesta a «apoyar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la planta de Ence en Pontevedra, ha precisado Maica Larriba en un comunicado».

Además, la subdelegada ha insistido en que «las sentencias judiciales están cumplirlas y acatarlas», si bien «en este momento la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo» tras el recurso anunciado por parte de la empresa y también será secundado por los comités de empresa.

Maica Larriba ha explicado que «aún hace escasos días» que la empresa le remitió al Ministerio de Transición Ecológica «los estudios sobre su localización que le habían solicitado el pasado mes de abril» en la primera convocatoria de la mesa de negociación. En ese sentido, ha confirmado el compromiso del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de convocar una nueva reunión de ese foro de diálogo en septiembre.

No obstante, Maica Larriba ha aclarado que la convocatoria de esa mesa «sin que la propia empresa y la Xunta, que es quien ostenta las competencias en materia de política industrial y suelo, expongan ninguna alternativa, parece que no tendría mucha viabilidad» tras el dictamen de la Audiencia Nacional.

Aún así, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra ha concluido con el «compromiso firme» por parte de Morán de convocar la mesa «lo más pronto posible, incluso para analizar el posible recurso a la sentencia que la empresa ya anunció que va a presentar».