La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha rechazado la «rigidez» en el reparto de fondos de recuperación y la «injerencia muy grande» en las competencias de las comunidades autónomas, tras la conferencia sectorial de empleo celebrada este miércoles, que presidió la ministra de Trabajo y abordó la distribución de 687,75 millones de euros.

«Nos preocupa seriamente porque va a influir negativamente en la recuperación y en las cifras de empleo», ha subrayado Lorenzana, en declaraciones a los periodistas al término del encuentro.

Y es que los gobiernos de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León han mostrado su desacuerdo con el comportamiento del ministerio, al igual que con el de Educación, al tratar a las comunidades «como meras ejecutoras» de las líneas de subvención «elegidas de forma unilateral» por los departamentos ministeriales, según censura Emprego en una nota de prensa.

De hecho, apunta a un comunicado conjunto de los consejeros de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León y a Región de Murcia en el que mostraron «su rechazo a esta invasión de competencias», al hablar de una participación «puramente testimonial».

La consellería indica que el comunicado reprueba «que se impongan los destinos funcionales de los fondos sin incorporar recursos financieros suficientes para desplegarlos en tiempo y forma».

Añade que los responsables autonómicos denuncian «opacidad» en la distribución «ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 irán a parar a las comunidades, sin que se dé a conocer los criterios con los que van a asignar los 52.000 restantes, que suponen casi tres de cada cuatro de la totalidad».

«Lamentan, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que pudiesen participar en su diseño, ya que simplemente estuvieron presentes en algunas reuniones informativas previas», advierte.

La fórmula utilizada «incorpora una elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica», añade, «además de no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad y mejora de la productividad de las empresas».

El comunicado termina lamentando el comportamiento de ambos ministerios en las correspondientes conferencias sectoriales de empleo y formación profesional para el empleo, que considera que son «una muestra más de lo mostrado habitualmente por un Gobierno de España que no respeta la distribución competencial del estado de las autonomías».

«SERIAMENTE PREOCUPADOS»

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Lorenzana se ha mostrado «seriamente preocupada» al observar «una vez más» unos criterios «rígidos» y que el Ministerio de Trabajo «además se queda para sí, para repartir y ejecutar directamente, un elevadísimo porcentaje de estos fondos, con lo cual está incidiendo en las competencias exclusivas de las comunidades en las políticas activas de empleo».

«Somos las que mejor conocemos nuestros tejidos productivos, las necesidades de nuestras empresas y autónomos y las que más rápido y con agilidad somos capaces de repartir estos fondos y hacerlos llegar al tejido productivo», ha reivindicado.

En cuanto a formación para el empleo, ha atribuido a la ministra «un alejamiento» del tejido empresarial «porque, en la nueva propuesta de anteproyecto de ley orgánica de formación profesional, la formación profesional para el empleo desaparece, queda absorbida por la formación profesional de naturaleza educativa».

Con ello, según advierte, «se pierde la necesidad que tienen empresas y trabajadores y parados de tener una formación profesional ágil, adaptada a sus necesidades, que redunde en una mejora de la empleabilidad de todos los ciudadanos y de una mejora en las cifras de empleo».

Así, ha cargado asimismo contra la «descoordinación absoluta entre los ministerios, como ya sucedió con el reparto de las ayudas directas a autónomos y empresas».