El Ministerio para la Transición Ecológica apunta que la Xunta, «como responsable de la gestión del territorio», «puede y debe ser capaz de proponer alternativas para un posible traslado» de Ence fuera de la ría de Pontevedra.

Después de la histórica sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga concedida en 2016 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para la actividad de la pastera en Lourizán, el Ministerio indica que ahora «toca analizar bien todos los pormenores jurídicos, los escenarios que se abren», si bien muestra su «mejor vocación de diálogo, un diálogo constructivo de verdad dentro de las competencias de la Administración General del Estado».

«Estamos todos obligados a acordar la mejor estrategia para ejecutar la sentencia con el objetivo de evitar los posibles daños que sobre los trabajadores pueda tener», señala.

En esta línea, llama a acatar y cumplir el fallo con «la mejor voluntad de todos los actores implicados», «sobre todo, de aquellos que tienen en sus manos, y dentro del ámbito de sus competencias, la capacidad de facilitar soluciones», en referencia al Gobierno gallego.

NO HAY MÁS FÁBRICAS DE CELULOSA EN DOMINIO COSTERO

Igualmente, el Gobierno central incide en que «las sentencias de la Audiencia Nacional dejan claro que la empresa no necesita seguir en dominio público marítimo terrestre para su funcionamiento normal».

«De hecho, esa ubicación es completamente anómala y contraria a la legislación vigente», incide, pues «no hay ninguna otra fábrica de celulosa en dominio público marítimo terrestre en España». «Y al decir esto, la Audiencia Nacional corrobora además que una nueva prórroga no tendría sentido, como no lo tenía la que concedió en enero de 2016 el Gobierno del señor Rajoy, y que ahora ha sido anulada».

A este respecto, subraya que «la Audiencia ha sido muy clara: en ambas sentencias ha subrayado que no había lugar a la resolución de prórroga firmada en su día por el gobierno del PP».