La Comisión Europea ha propuesto este miércoles prohibir la venta de coches de combustión e híbridos a partir de 2035, un objetivo vinculante para el que reclama también el despliegue de una red suficiente de recarga en toda la UE y que forma parte de un paquete más amplio para intentar reducir las emisiones del bloque un 55% en 2030 (con respecto a los registros de 1990).

Para ello, los expertos comunitarios plantean un avance gradual con un objetivo intermedio de reducción del 65% de las emisiones contaminantes de los nuevos coches y furgonetas en 2030 y reducirlas a cero cinco años después.

En esta senda, los automóviles híbridos están también «llamados a desparecer», señalan fuentes comunitarias, que matizan que este tipo de vehículos tienen aún un papel relevante que jugar en la reducción progresiva de emisiones.

En el caso de la automoción, Bruselas quiere centrar los esfuerzos en los coches y furgonetas porque representan el «gran problema» de Europa para controlar las emisiones, por lo que los vehículos de dos ruedas quedan excluidos de las nuevas normas.

Tampoco afectará a los vehículos pesados porque están cubiertos por una legislación más reciente que Bruselas sopesa revisar el próximo año, cuando tenga más datos sobre esta flota y su huella ecológica.

Para asegurar la transición de los conductores europeos a coches de batería o hidrógeno, la Comisión quiere también que los Estados miembro tomen medidas para asegurar que podrán recargar sus vehículos cuando transiten por el territorio europeo.

De este modo, la propuesta de Bruselas prevé un punto de recarga eléctrica fijo cada 60 kilómetros en la red transeuropea de transporte (TEN-T) y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno.

AVIACIÓN Y MAR EN EL SISTEMA ETS

El fin de la producción de coches diesel o gasolina es una de las medidas clave pero no la única del vasto paquete bautizado como ‘Fit for 55’ con el que el Ejecutivo comunitario quiere allanar el camino al objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 (con respecto a los registros de 1990), que incluye también iniciativas que afectarán a los sectores aéreo y marítimo.

«Las emisiones de CO2 deben tener un precio para incentivar a consumidores, productores e innovadores a elegir las tecnologías y productos limpios», ha defendido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar las grandes líneas de la nueva ‘hoja de ruta’ para situar a la Unión Europea la cabeza de la lucha climática internacional y justificar que los sectores de la aviación y marítimo serán también incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés).

A Bruselas le preocupa también la falta de compromiso en la reducción de emisiones en áreas como el transporte por carretera o la construcción, por lo que plantea también un sistema de comercio de emisiones paralelo para la distribución de combustible en estos dos sectores.

El vicepresidente comunitario responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, ha querido subrayar en rueda de prensa que este nuevo sistema se aplicará «a los proveedores de combustible y no a los hogares ni a los conductores» a partir de 2025.

Conscientes de que parte de esta medida podría repercutir en la factura de los usuarios, la Comisión plantea la creación de un Fondo Social para el Clima con el que ayudar a los colectivos más vulnerables a cumplir con el nuevo sistema.

El fondo contará con recursos del presupuesto europeo hasta sumar el equivalente a un 25% de los ingresos previstos a través del sistema ETS para edificios y carreteras, lo que según las estimaciones de Bruselas supondrá 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032.