La Xunta publicará este martes una nueva orden con la que prorrogará hasta el próximo 30 de septiembre el plazo para pedir las ayudas del tercer plan de rescate a autónomos y microempresas para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus.

Hasta el momento, la Xunta registró unas 4.200 solicitudes y más del 70% de los fondos están disponibles, esto es, unos 170 de los 234 millones de euros.

El Gobierno gallego criticó por baja la cuantía que le consignó el Ejecutivo central de estos fondos, pero a dos días de que termine el plazo inicial, la demanda es escasa. Los dos primeros planes de rescate de la Xunta, dotados con fondos propios de la comunidad, rondaron las 40.000 solicitudes.

Este lunes en rueda de prensa, la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha apelado a una «rectificación» por parte del Gobierno, ya que, según ha recordado, el real decreto que regula estas ayudas deja «muy poco margen de maniobra» a las comunidades.

Por el momento, según ha apuntado, la Xunta hace «las dos únicas cosas» que puede: ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre y flexibilizar «al máximo» la caída de facturación que tienen que acreditar autónomos y microempresas, «para todas las actividades», hasta el 30% (en 2020 respecto a 2019).

Son dos medidas pactadas la semana pasada con el diálogo social y la mesa de autónomos, según ha señalado. En cualquier caso, la titular de Emprego ha avisado de que «el problema de fondo persiste», pues «el escollo viene» del requisito que establece el real decreto según el cual los que pidan la subvención «tienen que tener deudas pendientes con unos plazos muy determinados».

«Esto se está convirtiendo en un obstáculo insalvable porque muchos hicieron esfuerzos y no tienen deuda pendiente», ha llamado la atención la conselleira.

Por eso envió, el pasado viernes, dos cartas, una para la ministra de Hacienda y la otra para la de Economía, con la que les reclama «una modificación del real decreto», de modo que elimine esa necesidad de que las ayudas estén destinadas al pago de deudas y también para «que se eliminen unos criterios porcentuales que se establecen como tope de la ayuda que son farragosos».

«Creemos que el Gobierno, viendo que no hay solicitudes –una experiencia que asegura que no es solo de la comunidad gallega–, con estos datos, considerará rectificar y modificar el real decreto, porque estoy segura de que lo que pretende es que las ayudas lleguen y no que vuelvan al ministerio. Esperamos una respuesta positiva y rápida», ha subrayado.

En caso de que se produjera dicho cambio por parte de la Administración central, ha dicho la titular del departamento, dichas novedades serían publicadas en una nueva orden.