Marina Meridional, propietaria de Astilleros San Enrique, ha denunciado «impedimentos» para que sus clientes accedan a sus instalaciones «promovidos por la Autoridad Portuaria», mientras esta institución ha remarcado que «no puede autorizar actividad sin título habilitante».

En un comunicado, la empresa ha afirmado que trasladó al Puerto «los graves problemas de honor y prestigio» que conlleva esta situación, que ha asegurado que «imposibilita aumentar las contrataciones depersonal del astillero». Por ello, ha pedido que «se ponga fin inmediatamente» a la «innecesaria política obstruccionista» llevada a cabo.

De hecho, ha asegurado que remitió al Puerto tres cartas de compromiso de contratación de nuevas construcciones de diferentes buques que negocia el astillero, donde generaría «350 empleos», y que, según ha advertido, «están en riesgo si esta situación se mantiene».

Así las cosas, Astilleros San Enrique ha anunciado la interposición de un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para «resolver esta cuestión» y solicitar «medidas cautelares» que permitan que «se pueda continuar con la actividad de la empresa».

Por su parte, fuentes del Puerto consultadas por Europa Press han remarcado que «no se puede autorizar actividad sin título habilitante» y han pedido «respeto a la legalidad».

CONCESIÓN

En otro orden de cosas, Astilleros San Enrique ha indicado que el Puerto de Vigo le ha ofrecido la posibilidad de acceder a una autorización sobre el uso de las instalaciones de dominio público marítimo terrestre «por un periodo mínimo de tres años», mientras se resuelve la nueva concesión administrativa.

Esta situación se produce después de que el consejo de administración del Puerto de Vigo formalizase la extinción de la concesión de la antigua Factorías Vulcano, que ocupa Astilleros San Enrique, con el único voto en contra de CIG.

Aunque el astillero propiedad de Marina Meridional ha valorado la posibilidad de continuar en las instalaciones, ha criticado que «estos significativos avances estén sujetos a la reducción de la superficie de la concesión administrativa en, aproximadamente, un 15%» y que conlleven «un aumento de las tasas portuarias en casi tres veces lo que pagaba Factorías Vulcano hasta el momento».

Mientras, fuentes del Puerto de Vigo han recordado que la extinción de la concesión conlleva que la empresa deba abandonar las instalaciones en «un plazo aproximado de un mes». No obstante, han indicado que puede pedir una autorización temporal hasta que se adjudique el concurso que se realizará y que «estará abierto a cualquier empresa que quiera desarrollar un proyecto de construcción y/o reparación naval», así como que se prevé que se resuelva «en seis u ocho meses».

En este sentido, las mismas fuentes han explicado que si Marina Meridional pide una autorización «se valorará si cumple con las condiciones que fije la Autoridad Portuaria» y se establecerán las tasas. En todo caso, han subrayado que esta autorización será provisional, mientras no se saque el concurso.