El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga las posibles irregularidades que acabaron en la resolución del Banco Popular que, en mayo de 2017, realizaron comprobaciones para ver si se había producido una manipulación del mercado con la publicación de posibles noticias que pudieran contener falsedades sobre la entidad, y ha aseverado que no hallaron pruebas de que fuera así ya que la información se basaba en elementos sustanciales que eran ciertos.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, el presidente de la CNMV ha apuntado así que tras esa comprobación entendieron que no había motivos para que el órgano regulador reaccionara porque además las ventas en corto tampoco fueron muy relevantes en ese momento.

En esta causa, la Audiencia Nacional estudia por un lado las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.500 millones en la época en la que era presidente Ángel Ron, y por otro las filtraciones a prensa de un año después, ya siendo presidente Emilio Saracho, que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, Ron defendió la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las «irregularidades contables» de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital. La resolución de la entidad, ya con Ron fuera y con Emilio Saracho al frente, tuvo lugar el año siguiente –2017– y el Banco Santander compró la entidad por un euro.

Este jueves, en su declaración como testigo –que se ha extendido a lo largo de cinco horas–, el actual presidente de la CNMV, que en 2017 era responsable de la Dirección General de Mercados, ha indicado que siguieron de cerca al Popular en esa etapa de Saracho y se llevaron a cabo diversos mecanismos de supervisión con los que concluyeron que en ese periodo no hubo manipulación de mercado.

EL HECHO RELEVANTE

Además, preguntado sobre el hecho relevante del 3 de abril de 2017 derivado de la reexpresión de las cuentas del Popular de 2016 que aumentaba las perdidas en ese año, ha apuntado que fue el propio supervisor bursátil quien dijo a la entidad que debía ser publicada como muy tarde en ese día a las 08.30 horas.

Preguntado por el juez sobre si se estudió o debatió que la entidad tuviera que reformular las cuentas en vez de llevar a cabo una reexpresión, Buenaventura ha indicado que sí que se valoró pero que para la CNMV lo trascendente no era eso sino que el mercado conociera cuanto antes los nuevos datos que eran relevantes.

El magistrado también ha preguntado al presidente de la CNMV el motivo por el que desde la comisión no reaccionaron ante las declaraciones realizadas por la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea, Elke König, sobre la situación del Popular días antes de su resolución, a lo que Buenaventura ha respondido que entre sus funciones no está la de quejarse de esos extremos.

Las fuentes consultadas han explicado que ante esta respuesta, el juez ha señalado que la CNMV como organismo supervisor debió defender al inversor o haber hecho algo por la dignidad del país.

Precisamente, el 27 de julio el magistrado ha citado a König como testigo, y antes, el 22 de julio cita al que fuera director de planificación de la resolución de la JUR Dominique Laboureix. En el auto por el que les citaba, el juez indicó que König debe responder sobre esas manifestaciones realizadas el 13 de mayo de 2017 en un programa de la cadena Bloomberg –especializada en información financiera– en las que señaló que el Banco Popular era uno de los casos que estaban estudiando –«estamos viendo»–.

También le cuestionará por una filtración a Reuters de ocho días más tarde relativa al riesgo de liquidación para la entidad, unas informaciones que «pudieron tener un impacto muy negativo en la liquidez del banco, alentando la retirada de depósitos de los clientes».

Explica que esa agencia de noticias publicó en exclusiva que la UE advertía sobre el riesgo de liquidación para Banco Popular, y se indicaba que uno de los principales organismos de control de los bancos de Europa señalaba que el Popular «podría tener que liquidarse» si no lograba encontrar un comprador.