La jueza de la Audiencia Nacional que se encarga del caso de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés decidirá en los próximos días si pasa de la intervención judicial, que implica el control de las fábricas, a la administración judicial, lo que significaría remover a los actuales gestores.

Para ello celebró una vista el pasado miércoles en la que la empresa presentó varios informes con sus alegaciones en contra de esta medida. Al respecto, su abogado Víctor Mercedes, de Baker McKenzie, explica en declaraciones a Europa Press que están en contra de que se determine la administración judicial sobre la base de «meras sospechas» de descapitalización, algo que niega. De hecho, asegura que la situación financiera de las factorías «ha mejorado» desde 2018.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de la planta de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, quien este viernes ha vuelto a reunirse con el vicepresidente económico de la Xunta, ha urgido a la jueza a tomar esa decisión, al tiempo que ha pedido implicación por parte de la ministra de Industria, Reyes Maroto.

En este extremo ha hecho hincapié el vicepresidente Francisco Conde, quien ha instado a Maroto a aprovechar su viaje a Pittsburgh (Pensilvania) para reunirse con responsables de Alcoa para poner sobre la mesa también la situación de las fábricas de A Coruña y Avilés.

«QUE SE PONGA AL FRENTE»

Para López Corbacho, es «necesario que quien» les llevó «hasta aquí se ponga al frente de las soluciones», en referencia directa a la ministra Reyes Maroto y al secretario general de Industria, Raül Blanco, a quienes ha exigido «que aparquen la inacción».

«Los tiempos de la justicia para nosotros van lentos. La planta no puede seguir en esta situación por más tiempo», ha advertido el presidente del comité. Precisamente la Audiencia Nacional, en otro proceso abierto en relación con las plantas, en este caso por un conflicto colectivo que impulsaron los sindicatos, condenó a Alcoa a cumplir los términos de un acuerdo laboral adoptado con la plantilla antes de la venta a Parter.

Para el responsable del comité de empresa, la administración judicial debe llegar «ya» y al frente de ella debe estar la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). «Tiene que ser alguien técnico», ha remarcado.

Por su parte, Conde ha coincidido al lamentar la «situación de desamparo» de los trabajadores de Alu Ibérica por parte del Gobierno central, al que ha reclamado «soluciones» tras el «cierre en falso» de la venta a Parter.

En cualquier caso, el vicepresidente económico de la Xunta ha incidido en que el «último responsable» es Alcoa, a quien ha pedido «explicaciones».

ALU IBÉRICA

Por parte de Alu Ibérica, su abogado Víctor Mercedes ha llamado la atención sobre que los actuales responsables, Grupo Riesgo (que adquirieron las plantas a Parter), se comprometió durante la vista del miércoles a «restituir los fondos» de la asistencia financiera que, a su vez, admitió haber utilizado para la operación de compraventa.

Esta figura «no está permitida por la ley mercantil pero no es un delito». «Y nos hemos comprometido a resolverlo», ha apuntado el letrado.

Mercedes ha explicado que la primera transacción, de Alcoa a Parter, se produjo por 1 euro, mientras que la segunda, de Parter a Grupo Riesgo, se realizó por 13 millones de euros «y Parter impuso que se sacase de la caja de las compañías», por lo que «se hizo un préstamo» y esto es lo que ha motivado que Fiscalía haya pedido una comisión rogatoria a Suiza para comprobar si dicho dinero está en las cuentas de Parter en ese país.

Después de que los interventores judiciales pidieran pasar a la administración judicial, la jueza tiene ahora en su haber nuevos informes y documentos de Grupo Riesgo que alegan en contra de esa decisión, con los que niegan la descapitalización y aseguran que la situación financiera es «mejor» que la de 2018.

En concreto, un informe de un experto concluye «que las plantas no están en insolvencia, que no hay concurso, no hay impago y no hay descapitalización», resalta Mercedes.

«La jueza no puede imponer la administración judicial, que significa remover a los gestores actuales, sobre la base de meras sospechas, máxime cuando se le ha aportado prueba de que la situación ha mejorado», argumenta.

ALCOA SAN CIBRAO

En paralelo a todo este proceso, la plantilla de la fábrica de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), continúa a la espera de nuevos avances en las negociaciones para la venta a un tercero a través de la SEPI.

La multinacional suiza Trafigura ha sido de las últimas firmas que se ha interesado por hacerse con la factoría, una operación de la que está al corriente el comité de empresa.

Su presidente, José Antonio Zan, ha asegurado de esta compañía de comercio de productos básicos que «tiene un movimiento de capital anual tan grande como todo el Producto Interior Bruto de la industria en toda España».

«Es una empresa muy grande y sabemos que es muy solvente. Esta gente cuando hace un movimiento no lo hace en balde», ha destacado el sindicalista de Comisiones Obreras.

Zan ha señalado que la multinacional suiza «fue la primera que se reunió» con ellos, pero «por confidencialidad pidieron que no se diese su nombre hasta que no tuvieran claro que se podía hacer la operación y que podía salir bien». «Ahora que han estudiado todos los números han sido los primeros que han hecho una oferta no vinculante», ha subrayado.

El presidente del comité de empresa de Alcoa ha destacado que Trafigura «tiene un sistema de beneficios que reparte a los trabajadores». «Aunque para nosotros eso no es lo más importante porque lo importante es hablar de inversiones y de futuro para la comarca de A Mariña», ha añadido.

«Lo importante para cualquiera de los compradores es que venga con un plan energético que sea viable. El plan energético y el plan industrial son las dos claves para esta operación, lo que necesitamos es que intervenga la SEPI y así escoger cuál es el mejor plan industrial y cual es el mejor plan energético», ha reivindicado.

En cuanto al precio de la operación, José Antonio Zan sostiene que «aquí en realidad quien pone dinero es Alcoa, el dinero que se tendría que poner para los despidos y costes laborales del cierre de una planta, más el dinero que tiene calculado para posibles denuncias medioambientales, denuncias que pueden venir después del cierre».

«Eso de que se vende por un euro y Alcoa pone 70 millones de euros, lo que la empresa quiere es no poner dinero por esos temas y luego que pongan una denuncia y tener que poner, otra vez, ese dinero», concluye.