El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha aprobado este jueves un Real Decreto-Ley «por urgencia» para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas, que suponen la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.

Estas medidas, acordadas entre los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Hacienda, buscan contener el impacto en el recibo de la tensión alcista en el mercado mayorista de la electricidad, con el fin de «atender de forma urgente y aliviar la situación de las familias y del tejido productivo», señaló en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con esta reducción de la fiscalidad de la electricidad, Montero estimó que se conseguirá abaratar un 10% la factura de la luz de los consumidores y estimó que suponen unos ahorros totales de 1.257 millones de euros.

La portavoz del Gobierno subrayó que estas medidas extraordinarias buscan «atajar» el actual problema de los precios de la electricidad y «contribuir la recuperación económica se pueda consolidar».

Por su parte, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró que el precio de la energía es un «asunto clave, «más en este momento fundamental en el que arrancamos por fin la recuperación».

No obstante, subrayó que hay circunstancias que «exceden de la capacidad del Gobierno», como el comportamiento del mercado eléctrico y el aumento en los precios del gas natural, que han llevado a «un incremento muy notable del precio de CO2, «mucho más allá de las previsiones».

En el caso concreto del IVA, se aplicará una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh).

Montero subrayó que esta potencia cubre «a la práctica totalidad de los hogares españoles», ya que la potencia media es de 4,1 kW, y al 72,5% de los contratos de empresa y negocio tienen también esta potencia inferior, aunque en este caso el IVA tiene un efecto neutro, alivia tensiones de tesorería en estos meses de recuperación.

También se aplicará un IVA del 10% a todos los consumidores vulnerables severos -unos 612.000 hogares perceptores del bono social- hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

Esta decisión de rebajar el IVA de la luz, que se remitirá a Bruselas «para que no haya ningún problema», dijo Montero, se mantendrá hasta finales de este año y, posteriormente, será revisado para decidir si es necesaria su continuidad.

La ministra de Hacienda estimó que la medida del IVA va a suponer un ahorro de 857 millones de euros, de los que 566 millones de euros repercutirán este año y el resto en 2022, ya que existe un decalaje en la factura de la luz.

En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su suspensión temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, tendrá vigencia durante el tercer trimestre de este año.

100 MILLONES ADICIONALES A LOS ELECTROINTENSIVOS.

Esta medida, dirigida más a abaratar la factura de la industria, supondrá una rebaja en el recibo de en torno a un 5-6%, estimó Montero, que añadió que se complementará con 100 millones adicionales de ayuda para el sector electrointensivo.

El ahorro de estas medidas para el conjunto del tejido empresarial ascenderá a unos 400 millones de euros, indicó la ministra de Hacienda, que subrayó que en este caso no afectará al déficit público.

Ribera defendió que esta tensión en los precios de la electricidad se está viviendo por igual en toda Europa, «con precios muy parecidos a los de España» en otros países, y afirmó que la penetración de las renovables permitirá a España contar en 2022 con unos precios más competitivos a los de Francia y en 2023 también a los de Alemania.