La confederación de empresarios de Galicia (CEG) reitera que el rediseño del sistema fiscal «debería suponer una oportunidad para rebajar la presión que se ejerce sobre las empresas gallegas», al necesitar estas recursos y capital para dinamizar su actividad.

Así lo ha advertido el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites, durante la inauguración del seminario online ‘Reforma fiscal y competitividad empresarial’.

En su intervención, Vieites ha expuesto que «no es el momento de subir impuestos, ya que esta decisión supondría incrementar los costes que soportan las empresas y lastraría la tan ansiada recuperación económica».

Igualmente ha recordado que la CEG defiende «la necesidad de alcanzar un sistema fiscal mucho más simplificado y armonizado a nivel nacional y de la Unión Europea, que salvaguarde la libre competencia y la unidad de mercado y que no amenace el relevo generacional de muchas empresas».

Además, espera que esta reforma «se acompañe también de mecanismos efectivos que permitan luchar contra el fraude, la elusión y la evasión fiscales».

AÑOS 2022 Y 2023

A continuación, el catedrático de Economía Aplicada de la UVigo Santiago Lago también ha señalado al fraude y la evasión fiscal como una de las causas de recaudar menos que otros países del entorno a pesar que hay tipos impositivos más altos.

Según Lago, «no se puede tener figuras tributarias obsoletas y que no funcionan bien, así es que dentro de la reforma fiscal anunciada se debería eliminar el impuesto de patrimonio neto, un tributo que no está siendo utilizado prácticamente en ningún país, un impuesto en desuso que acaba generando un problema de doble imposición muy poco razonable».

«El impuesto de sucesiones es un impuesto que tiene su lógica, con un uso muy extendido en los países de la OCDE, pero hay que insistir en la idea de que las empresas familiares deberían estar al margen de este impuesto», ha añadido, según traslada la confederación de empresarios en un comunicado.

Como miembro integrante de la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda que abordarán la reforma fiscal, Santiago Lago apuntó algunas consideraciones tales como que «la armonización de tipos entre diésel y gasolina va a ser un hecho» y que «en la tributación ambiental se van a dar pasos a través de la creación de nuevos tributos».

En cuanto al impuesto de sociedades no cree «que haya cambios muy sustanciales a corto plazo», mientras en lo que respecta a los peajes por el uso de autovías ha apuntado a «agravios comparativos y unas discriminaciones sobre los que hay que reflexionar».

Entiende asimismo que en el impuesto de matriculación de vehículos «se va a avanzar, así como en el impuesto de billetes de avión». «En la armonización fiscal en la tributación patrimonial también es algo en lo que están muy convencidos en cambiar para eliminar ese diferencial sobre todo de Madrid con respecto a los demás, y respecto al IVA hay un amplio consenso en eliminar tratamientos diferenciales y clasificación en bienes de grupo reducidos y superreducidos», ha dicho.

«En resumen, creo que va a haber algunos cambios menores hacia el año 2022 pero las grandes modificaciones serán después del verano del año mencionado y de cara a los presupuestos del año 2023», ha finalizado.

CEOE Y GARRIGUES

Después, el director del departamento de Economía de CEOE, Gregorio Izquierdo Llanes, ha recalcado la importancia de que, «en estos momentos en los que una parte del tejido productivo ha sido golpeado y afronta un proceso de reconversión, es necesario llevar a cabo medidas que faciliten este proceso de transformación y abordar las reformas estructurales pendientes».

Insistió en la necesidad de mantener y reforzar la autonomía tributaria de los distintos territorios, ya que redunda en una gestión de los recursos «más responsable y adecuada y en un mayor bienestar».

Finalmente expuso que «cualquier reforma que se plantee en el ámbito tributario debe tener en consideración que el resultado efectivo no debería ser un incremento impositivo, porque tiene efectos más negativos sobre el crecimiento y se extienden durante más tiempo que los que tienen lugar por la vía de la reducción del gasto».

Por su parte y en último lugar, Nicolás Santos Padín, socio de Garrigues, apeló en su ponencia a que «la fiscalidad de patrimonio, más allá de todas las consideraciones, de tratarse de impuestos obsoletos, etc, por cómo funcionan los flujos económicos y como los ciudadanos tienen estructurado en la cabeza el sistema de pago de impuestos produce distorsión».

«A esto hay que sumar las diferencias en el pago de tributos entre comunidades autónomas que avivan la polémica y la falta de entendimiento», ha concluido.