CIG-Banca ha presentado denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que investigue si las restricciones del servicio de caja por parte de las entidades financieras «responde a un pacto entre ellas».

Según advierte la central nacionalista, estas restricciones fueron puestas en marcha «prácticamente al unísono y con los mismos horarios», de 8,00 a 11,00 horas.

La denuncia afecta a bancos asociados a la Asociación Española de Banca y a la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros). «Entendemos que era una obligación social y laboral pero también legal, ya que teniendo los representantes de los trabajadores comunicación de esas restricciones, callar nos habría convertido en cómplices», subraya la CIG.

Además, ve «muy claro» que, «como otras empresas», estas «utilizaron la pandemia para forzar cambios en los hábitos de la clientela».

En este sentido, llama la atención sobre que las políticas comerciales de los distintos bancos «son idénticas» y se refiere a las cláusulas en contratos «tumbadas por la justicia», a las subidas de comisiones que se producen «casi simultáneamente» y añade que «lo mismo sucede ahora» con las actuales restricciones de un servicio «básico» asociado al contrato de las cuentas.

Estas restricciones, para la CIG, «son doblemente antisociales» pues, por una parte restringen los servicios a las personas que tienen dificultades para usar los cajeros automáticos o la banca electrónica y, por otra, «están siendo utilizadas para tratar de justificar los despidos colectivos».

«No estamos ante una bajada de la demanda (…) Los bancos restringieron sospechosamente ese servicio al mismo tiempo y con el mismo horario», reitera.