La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha criticado las «dificultades» del decreto del Estado que regula el nuevo plan de rescate puesto en marcha por la Xunta –dotado con 234,4 millones de euros–, que «hace bastante compleja» la tramitación para los interesados.

Este martes la conselleira de Emprego ha celebrado sesiones informativas, en el marco de una ronda de contactos sobre el plan, con gestores administrativos, graduados sociales, el Clúster de Turismo y el Foro pola Economía Social Galega.

En declaraciones a los medios, Lorenzana ha apuntado que la Xunta trabaja para «simplificar lo máximo posible» la gestión de las ayudas, pero censura el requisito del Estado de que las empresas y autónomos tengan que tener «deudas pendientes». Esto sumado a la cantidad de «información fiscal» que deben aportar los interesados, «dificulta mucho la tramitación».

Al respecto, recuerda que los dos primeros planes puestos en marcha por la Xunta no exigían tener deudas, pues considera que supone penalizar a los que han realizado un mayor esfuerzo para estar al corriente de pagos. Con todo, compromete que el Gobierno gallego hará «interpretaciones amplias» para que se incluya como deuda la totalidad de préstamos que las empresas hayan solicitado durante la pandemia.

En este sentido, reprocha que este nuevo plan de ayudas «no fue trasladado» por el Estado a las comunidades ni tratado en reuniones.

«SEGUNDA VUELTA»

Con todo, Lorenzana ha avanzado que se prevé una «segunda vuelta» en caso de que no se agote la partida de ayudas, puesto que si no hay empresas que puedan justificar la deuda el dinero «volvería al Ministerio de Hacienda». Los interesados pueden cursar solicitudes hasta el 14 de julio.

Explica que la Xunta ha fijado un tope de 30.000 euros por beneficiario, si bien el Estado permite ampliar ese límite hasta los 200.000 euros. Por tal motivo, si sobrase dinero, se ampliará la posibilidad de que cada beneficiario reciba hasta 200.000 euros en una segunda vuelta por orden de llegada.