La Consellería de Facenda está «estudiando» y tiene «muy avanzada la vía jurídica» en caso de tener que llegar a los tribunales para «defender los intereses de los gallegos» ante la reforma del Gobierno central que afecta a las herencias en vida gallegas, mediante su tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El titular del departamento autonómico, Valeriano Martínez, ha anunciado en el pleno del Parlamento que la Xunta de Galicia empleará «todas las vías políticas y jurídicas» para tratar de «revertir» dicha modificación, al entender que es un «ataque» a la autonomía financiera gallega.

«El Gobierno gallego se hará respetar tal y como hicimos con la mensualidad del IVA de 2017», ha subrayado, a preguntas del diputado popular Pedro Puy. En el caso del IVA, los tribunales dieron la razón recientemente a la Xunta.

Por su parte, Pedro Puy, que ha criticado que la ley antifraude «deturpa la figura del derecho civil» de Galicia, ha advertido de que «se está a tiempo» porque la reforma está aún en el Senado, por lo que ha animado a remar «todos en la misma dirección».

«Si termina así –tal y como plantea el Gobierno central la nueva normativa–, tendremos que buscar fórmulas jurídicas para recurrirlo», ha remarcado el parlamentario del PP.

«LLUEVE SOBRE MOJADO»

Por su parte, el responsable de Facenda ha llamado la atención sobre la «enorme inquietud entre los ciudadanos» porque Galicia, ha dicho, «tiene derecho civil propio y una de sus principales instituciones es la posibilidad de pactos sucesorios en vida», figura con «arraigo» e «importancia».

Ante «una nueva amenaza», Valeriano Martínez ha denunciado que «llueve sobre mojado», ya que, para la Xunta, «este ataque no es un hecho aislado».

En cualquier caso, ha ahondado en que el Ejecutivo gallego «hará todo lo posible para revertir este ataque», debido a las «injustas consecuencias si prospera esta reforma».

La consellería actuará «con lealtad institucional pero total firmeza», ha reiterado, antes de añadir que, «pese a la falta de respuesta» del Gobierno, la Xunta «sigue abierta a cualquier consulta o negociación para revertir» este cambio.