El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG) ha remitido un escrito a la Xunta en el que solicita que se revierta la reclamación de la devolución de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) a beneficiarios de la misma que han resultado adjudicatarios del Ingreso Mínimo Vital, prestaciones que son incompatibles entre sí.

En un comunicado, el Ceesg califica de «incongruente» una práctica que, considera, «incumple los derechos sociales de las personas en situación de vulnerabilidad que establece la propia Ley de Inclusión Social de Galicia», ante lo que insta a la Xunta «a salvaguardar el bienestar de la ciudadanía» no pidiendo esta reversión.

En particular, aluden a que la Ley de Inclusión Social «recoge expresamente que, cuando por causas no imputables a la persona beneficiaria se perciban cantidades a las que no se tuviera derecho, se aplicará la compensación anteriormente citada como procedimiento común de regularización».

Sobre esta cuestión, fuentes de la Consellería de Política Social han recordado que la necesidad de devolver la Risga es un imperativo legal, dado que, por ley, es incompatible su percepción con otra ayuda de emergencia, como es el Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, han atribuido estos desajustes a la tardanza en la concesión del IMV por parte del Gobierno desde su solicitud, dado que algunos perceptores han recibido ahora, de forma retroactiva, las cantidades asignadas con fecha a su solicitud, lo que provoca que no fuese compatible la percepción de la Risga durante meses.

Para facilitar este proceso, la Xunta ha propuesto, junto a otras comunidades, al Gobierno central que sea éste el que compense las cantidades en los pagos a las personas que están cobrando el IMV, una medida que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar.

Por otra parte, la Xunta da dos años y medio de plazo a los afectados para la devolución de las cantidades y admite la posibilidad de «condonar una parte importante de la deuda» a familias consideradas muy vulnerables y con niños.