El informe del Consello de Contas sobre la contabilidad de la Diputación de Ourense correspondiente a 2018 constata «defectos graves» que «impiden considerarla como cuenta rendida» y pone el foco en que la institución provincial optó por vías distintas a la de la concurrencia competitiva a la hora de entregar en ese ejercicio la mayor parte de contratos y subvenciones.

La institución provincial, que dirige Manuel Baltar, por su parte, presentó alegaciones en las que recuerda que sufrió un hackeo que afectó a sus sistemas y a la cuenta general de este ejercicio, y que no tenía «intencionalidad» alguna de ocultar documentación al órgano fiscalizador. Al respecto, el informe constata que ha repetido la rendición –recibida a 25 de enero de este año y aún no revisada–.

Así lo recoge el documento aprobado por el pleno del órgano fiscalizador el pasado 1 de marzo, que certifica que la institución provincial, que sí cumple con los plazos fijados para aprobar sus presupuestos anuales, no se ajustó al establecido para la rendición de la cuenta general de 2018 y que, además, presenta «defectos graves».

Entre otras cuestiones, subraya que no se remitió información sobre la suscripción de cualquier tipo de convenio que supusiera compromisos económicos de más de 600.000 euros según se establece en la ley del régimen general del sector público.

Sí se remitió al Tribunal de Cuentas y al órgano fiscalizador gallego la información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos.

SUBVENCIONES Y CONTRATOS

Con detalle incide Contas en el análisis de las áreas de subvenciones y contratación de la institución provincial. Así, reprueba que el procedimiento de concesión de subvenciones más empleado fue «la concesión directa nominativa» prevista en los presupuestos, que representa el 84% de las subvenciones concedidas en el ejercicio de 2018; además, durante el ejercicio se realizaron varias modificaciones presupuestarias para incluir nuevos beneficiarios y ayudas.

Censura, del mismo modo, que la institución que dirige Manuel Baltar no cumple con la obligación de publicidad en la en la base nacional de subvenciones en relación con las ayudas nominativas.

Y en lo que respecta a los contratos, apunta que el 80% del volumen contratado en 2018 se realizó como «contrato menor». Por este procedimiento se adjudicaron todos los contratos de obras del plan provincial de cooperación a obras y servicios municipales. Subraya que, de acuerdo con sus bases de ejecución, la competencia para la contratación de las obras del plan corresponde a la Diputación.

Asimismo, se constata que el 70% del volumen de los contratos menores de obras se concentraron en cinco adjudicatarios; y entre las empresas adjudicatarias de contratos menores, dos superaron el millón de euros de facturación y seis los 100.000 euros.

Por otra parte, Contas incide en que hay contratos menores, como el servicio de reparación de vehículos que, por su objeto, tienen carácter recurrente y se van a repetir en años sucesivos, que podrían ser incluso considerados «contrarios a derecho» si el órgano de contratación es consciente de sus características cuando empieza a tramitarlos.

Tanto en el caso de ayudas como de contratación, Contas recomienda dar preferencia a otro tipo de procedimientos asentados en la concurrencia competitiva.

OFERTAS «ANORMALMENTE BAJAS» Y PERSONAL

Contas también detecta una falta de criterios homogéneos «en la identificación de ofertas anormalmente bajas» y afea a la institución provincial que «no existe una planificación de la contratación a medio plazo» ni se firma una declaración de ausencia de conflicto de intereses por los implicados en los procedimientos de contratación.

Asimismo, ratifica que el personal funcionario representa solo el 29 por ciento del total del personal de la Diputación.

Y en el apartado de transparencia, insta a la Diputación a completar la información que tiene que ser publicada por «obligación legal», incluyendo la revisión de la organización de la información y su actualización, empleando siempre formatos de archivos electrónicos reutilizables.

CONTROL FINANCIERO

Al tiempo, concluye que la Diputación «no cuenta con una suficiente estructura de personal» para dar cobertura a las exigencias en materia de control financiero.

Asimismo, hace constar que, en el ejercicio analizado, se produjeron modificaciones presupuestarias por más de 29,5 millones, que representan más del 36% de los créditos iniciales, circunstancia que «también se produjo en los cuatro ejercicios anteriores». En este sentido, se halló la existencia de aplicaciones presupuestarias con importantes incrementos de crédito en las que la ejecución no alcanzó el 24%.

El informe de Contas sí concreta que se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto, de deuda y del periodo medio de pago; al tiempo que subraya que no dota ninguna provisión para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de la resolución de procedimientos judiciales.

En el ejercicio fiscalizado se agrega que se aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por casi 283.000 euros, correspondiente a 132 facturas del ejercicio de 2017 que se registraron o conformaron en 2018 y sobre las que consta que no se tramitó el correspondiente expediente de omisión de fiscalización previa.

Contas también incide en que la institución provincial tiene publicado un inventario provisional en el que no consta su fecha de aprobación o actualización, y en el que tampoco se indica el valor de los bienes y si los inmuebles están inscritos en el registro de la propiedad. Agrega que «no realiza» comprobaciones sobre el estado de conservación de los bienes de los que es titular.

ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, la Diputación presenta alegaciones en las que incide que se remitió la cuenta el 16 de octubre de 2019, solo dos días después de que finalizase el plazo; y alerta de problemas informáticos que afectaron a información relativa a las nóminas del personal y a movimientos contables.

Del mismo modo, se apunta que el 5 de noviembre de 2019 se detectó «un error muy grave» en el pago de una lista de subvenciones destinadas a varias asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia; y que tras investigar y denunciar el asunto, se descubrió que un hacker había accedido a los sistemas informáticos de la Diputación –en su momento se hizo público este caso de hackeo para el desvío de fondos de ayudas públicas y hubo un detenido–.

La Diputación agrega que este hackeo también afectó a la cuenta y que nunca hubo «intencionalidad» alguna de omitir a Contas información relevante. Por otra parte, defiende que sí hace provisión para los riesgos que se pudieran derivar de la resolución de procedimientos judiciales por importe de 100.000 euros.

Al tiempo, garantiza que los defectos de subvenciones quedarán subsanados en 2021 y justifica la vía por la que se opta para contratar. En concreto, subraya que cada contrato menor tiene como objeto prestaciones «cualitativamente diferentes» y, sobre la declaración de ausencia de conflicto de intereses por los implicados en los procedimientos, se concluye que esta existe desde 2020.

Al respecto de las alegaciones, Contas ratifica que, al margen de reflejar problemas de seguridad en los sistemas informáticos de la institución, no se aportan argumentos que rebatan lo expuesto en el informe, aunque se tendrá en cuenta en la revisión de la nueva rendición de la cuenta, remitida el 25 de enero de 2021 y no revisada al cierre de este informe de fiscalización.