La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este lunes que la aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de lo que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia, aunque no ve probable que esto pueda suceder.

«La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica», ha señalado la ministra en rueda de prensa para presentar los componentes sobre fiscalidad, lucha contra el fraude fiscal y eficacia del gasto público incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha explicado Montero, no hay ninguna cifra de recaudación comprometida con Bruselas sobre la reforma fiscal de cara al año 2023, sino que hay un objetivo de reducir paulatinamente la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España con la media de la zona euro. «No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido ningún compromiso de cifras hasta no ver las conclusiones de los expertos», ha remarcado la titular de Hacienda.

Tampoco se han comprometido con Bruselas ni a eliminar la bonificación del diésel ni los tipos reducidos del IVA, según aclaró Montero, que se refirió en todo momento a las recomendaciones que el Comité de Expertos realice.

La previsión del Ejecutivo es que se recuperarán las cifras de PIB prepandemia a finales del año 2022, por lo que las medidas fiscales contempladas se prevén para 2023, a pesar de que coincida con la celebración de elecciones generales.

«Todo está en función de las previsiones de cifras de crecimiento. Si no llegamos a las cifras de recuperación, todo el calendario se movilizará», ha incidido la ministra, quien ha añadido que así se ha negociado con Bruselas y que si se cambia el «cronograma», también se acordará con la Comisión, por lo que no cree que se puedan poner en entredicho la recepción de los fondos si hay algún retraso de alguna reforma.

Del mismo modo, Montero ha avanzado que determinadas medidas podrían abordarse en 2022, año en el que el comité de expertos para la reforma fiscal debe tener sus conclusiones y si así lo aconseja dicho comité. No obstante, aclaró que esto no debe suponer ‘per se’ una subida de alguna figura tributaria, sino también puede implicar «algún incentivo fiscal o disminuir tipos».

España ingresa casi ocho puntos menos del PIB que la media europea, con una presión fiscal del 38,7% del PIB, frente al 46,4% de la media de la zona euro. La idea del Gobierno es ir cerrando esta brecha paulatinamente y sin comprometer el crecimiento económico, pero Montero ha descartado que España pueda cerrar en el periodo comprendido en el Plan de Recuperación 2021-2026 este «gap diferencial» con Europa.

«EN NINGÚN CASO» SE SUBIRÁN IMPUESTOS A LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA

La ministra ha vuelvo a recalcar, sobre una posible subida del IRPF, que «en ningún caso» se van a subir impuestos a la clase media o trabajadora, sino que se abordará la progresividad del mismo. «Entendemos que la clase media proporcionalmente paga más impuestos respecto a patrimonios más altos», ha señalado la ministra.

No obstante, sí ha admitido que en lo referido a algunos impuestos, como los referidos a fiscalidad verde o a la salud (en el caso del impuesto a bebidas azucaradas), sí que afecta a la clase media y trabajadora aunque no persigan un afán recaudatorio.

Del mismo modo, la ministra opina que en el caso del Impuesto de Sociedades, las multinacionales y los grandes grupos empresariales pagan proporcionalmente menos que las pymes, e incluso en algunos casos se aplican créditos fiscales que hacen desaparecer prácticamente su tributación. «Ésta es una situación regresiva e injusta y hay que corregirla», ha insistido.