La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) estudia iniciar acciones ante la Comisión Europea contra la Xunta de Galicia por las «trabas» existentes en la comunidad gallega a la apertura de nuevas estaciones de servicio.

Al respecto, remarca que el Gobierno gallego se comprometió hace unos años «a eliminar uno de los principales impedimentos para abrir el sector, las trabas que ponen los ayuntamientos y a agilizarlos por parte de la propia Xunta», pero lamenta que no se han producido «avances».

«Sobre el papel la regulación gallega es idónea para abrir estaciones de servicio automáticas, pero en la realidad es casi imposible», se queja el presidente de Aesae, Manuel Jiménez Perona.

Apunta que la Xunta creó un procedimiento integrado para tramitar las licencias de gasolineras –por el Decreto 45/2015 del 26 de marzo–. Consistía en crear una ventanilla única para presentar las peticiones de apertura. Sin embargo, según el presidente de Aesae, «únicamente es un trámite más a la hora de presentar la solicitud».

«Es un trámite más con respecto al resto de las comunidades autónomas y no agiliza el proceso, sino que lo retarda, en tanto en cuanto este registro tiene que enviar el documento de inscripción al promotor el proyecto, lo que en algunos casos se demora hasta más de dos años después de haber presentado la solicitud. En el resto de las comunidades autónomas es suficiente con la comunicación», expone Jiménez Perona.

Sin embargo, «tres años después de promesas» en diferentes reuniones del sector con la Administración gallega, esas promesas «no se han cumplido».

«En Galicia la inscripción de la nueva estación continúa siendo constitutiva y no declarativa. Esto significa que la Xunta debe confirmar la inscripción prohibiendo operar a cualquier gasolinera hasta que la inscripción en el registro de la nueva estación no se produzca. La norma gallega no contempla un límite para obtener la inscripción, lo que queda al arbitrio de la Administración de la Xunta», subraya.

Por todo ello, esta asociación censura que «es un sistema que dilata la puesta en marcha de las estaciones de servicio en un plazo sin fecha».

«Tras las promesas incumplidas por parte de la Consellería, nos vemos en la necesidad estudiar la presentación de una denuncia ante las instituciones europeas para eliminar la obligación del registro habilitante, y se acepte que este sea declarativo como es en el resto de las comunidades y en la Unión Europea, conforme con la Directiva Europea de 2006».