Los principales sindicatos gallegos, CIG, UGT y CC.OO., han conformado un frente común para forzar a «mover ficha» a la patronal de las residencias de mayores privadas, a la que acusan de «torpedear» la negociación para renovar el convenio colectivo, caducado a finales del año 2019.

Este miércoles, las centrales han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la sede de UGT en Santiago para visibilizar su alianza y avanzar el inicio de un calendario de movilizaciones que arrancarán el próximo 19 de mayo con una concentración a las puertas de la residencia DomusVi San Lázaro de la capital gallega.

Los representantes de los trabajadores han mostrado su preocupación por la ausencia de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo para el sector, que, en Galicia, carece de un marco laboral actualizado desde finales de 2019, cuando expiró un convenio «que venía de muy atrás y fue muy poco adaptado a las condiciones que deben regir ahora».

Así, los sindicatos aseguran que la patronal ha puesto «trabas» en cada una de las reuniones para la elaboración del nuevo convenio, la última de ellas celebrada el pasado martes. «En dos horas avanzamos tres artículos», ha señalado la responsable del área de servicios de la CIG, Transi Fernández, que ha incidido en que esta actitud de los representantes de las empresas se ha mantenido desde la constitución de la mesa de negociación.

El principal problema, según han manifestado los sindicatos, son los incrementos de unos 100 euros en las tablas salariales para cada una de las distintas categorías que componen las plantillas de los centros de mayores, algunas de las cuales tienen sueldos «por debajo del SMI».

Según los datos ofrecidos por las centrales, los auxiliares de cocina o personal de limpieza cobran en la actualidad, en virtud al convenio caducado, 946 euros brutos mensuales, que se elevan a 1.031 euros para los gerocultores y auxiliares de enfermería y a 1.263 euros para enfermeras y enfermeros.

«Claro que entendemos las quejas de las empresas de que no hay personal. Pero, ¿cómo van a querer ir a trabajar con estas condiciones?», se ha preguntado Javier Martínez (UGT), que ha puesto el acento en que las retribuciones para los trabajadores de residencias privadas, unos «300 o 400 euros» por debajo de sus compañeros en el sector público, «no son dignas» y explican la falta de personal que denuncian las compañías del sector.

«Vamos a tener que reconocer que cobrar 1.000 euros es un salario digno para el personal cualificado o que llegar a los 1.000 euros es una caridad divina», ha incidido, tras afear que los fondos de inversión que están detrás de las compañías y de las empresas, «incluso las de iniciativa social», vean «excesivo» que se planteen incrementos de 100 euros.

Otra de las «líneas rojas» marcadas por los sindicatos es la vinculación al crecimiento de la economía a la actualización de los salarios al IPC, ligada a que el PIB aumente en el año un 2%. «Los trabajadores, que son considerados esenciales, no tienen por qué estar sujetos a índices empresariales», ha aseverado Javier Martínez, que ha advertido que esta cláusula se traduce una «pérdida de capacidad adquisitiva» de los empleados.

Por parte de CC.OO, Iria Estévez, trabajadora del sector, ha censurado que las «trabas y obstáculos» para renegociar las condiciones laborales sea «la respuesta» a la «etapa más difícil» de la carrera de los trabajadores, que «arrastran una sobrecarga laboral» que «no viene de hoy».

«Lejos de agradecer y premiar a los trabajadores por su esfuerzo, lo único que hacen es poner obstáculos a un convenio que recoge lo que creemos que tenemos más que merecido», ha incidido Estévez, que ha puesto el acento en que el objetivo es avanzar hacia una cierta «homologación» de las condiciones laborales en el sector público y en el privado.