El PSOE y Unidas Podemos quieren asegurar por ley que los ingresos derivados del uso o explotación de las áreas de servicio y otros elementos de la carretera se dirijan a financiar los servicios y obras de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

Así consta en una de las enmiendas registradas por las formaciones que integran el Gobierno de coalición al proyecto de ley que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La propuesta supone modificar la Ley de Carreteras de 2015 con el fin de que todos estos derechos económicos que puedan liquidarse queden afectos a la financiación de servicios y obras de conservación y explotación y que, además, puedan generar crédito en virtud a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

Concretamente, se refiere al uso o explotación de áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera, como servicios de restauración en áreas de descanso, aparcamientos con servicios de seguridad y control de vehículos, o incluso instalaciones de fibra óptica para posibilitar la circulación de vehículos autónomos.

NUEVO MODELO DE CONSERVACIÓN EN LAS CARRETERAS

Todo después de la decisión del Ministerio de Transportes de impulsar un nuevo modelo de conservación, que separa de forma expresa los gastos e ingresos del contrato. Así, se establecen, por un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, por otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

A las licitaciones para la conservación y explotación de carreteras ahora se incorporan dos novedades: la ejecución de actuaciones concretas de pequeñas obras y la explotación de las áreas de servicio en estas carreteras, que ahora supone un gasto para la Administración.

CANON POR INGRESOS DERIVADOS DE GASOLINA Y RESTAURACIÓN

Por eso, la empresa encargada de ejecutar este contrato tendrá que pagar un canon por los ingresos derivados de la gasolina y de la restauración, un pago que va dirigido al Ministerio de Hacienda, como cualquier concesión.

Para que este dinero llegue a Transportes hace falta un cambio legislativo, que es lo que hace esta modificación de la ley. «Es un cambio justo y positivo, ya que no supone un incremento para los ciudadanos», señalan desde Hacienda.