Abogacía del Estado se personará en la causa penal que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid en relación con la querella interpuesta por sindicatos contra Alcoa, Parter y Grupo Riesgo por blanqueo de capitales, insolvencia punible y otros delitos.
Según informan fuentes de la Delegación del Gobierno, esta personación responde al fin «de que se defiendan los intereses del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo».
Los intereses, según explican dichas fuentes, se centran en las ayudas públicas concedidas por compensación de costes de emisiones indirectas de CO2.
A finales de diciembre del año pasado, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.
La querella se presentó por hechos que, a juicio del sindicato, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.
En el auto de admisión, la magistrada ofició a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realice «una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella», para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.
Después de eso, ya el pasado mes de marzo, la Policía Nacional desarrolló un operativo por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación dirigida ya por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Los registros se saldaron con tres detenidos que declararon en la Audiencia Nacional, y una cuarta persona que iba a ser detenida se encontraba de viaje pero fue también citada a declarar ante la jueza María Tardón.
Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo esta actuación en las provincias de Madrid, A Coruña, Asturias, Málaga y Castellón, y la operación incluyó un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.
La investigación, dirigida por dicho juzgado y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persegúia la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.
En el operativo participaron más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, incluida la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
