Las instituciones de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre el Instrumento de Préstamo al Sector Público, el tercer pilar del nuevo programa comunitario para apoyar la transición energética de las regiones europeas, que se espera que movilice hasta 30.000 millones de euros en inversiones públicas en los próximos siete años, según ha informado la Comisión Europea.

Los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los Estados miembros) han acordado que este programa cuente con un presupuesto de 1.525 millones de euros, que se destinará a subvenciones directas, y otros 10.000 millones de euros en préstamos a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Tanto el Consejo de la UE como la Eurocámara deben aprobar ahora formalmente este instrumento, que junto con el Fondo para la Transición Justa y el régimen específico de transición justa del plan europeo de inversiones o ‘InvestEU’ forman los tres pilares del Mecanismo para la Transición Justa.

El objetivo de este instrumento de préstamos será apoyar a las entidades públicas para abordar los retos socioeconómicos de los territorios más perjudicados por la transición climática de la UE. La parte de subvenciones será ejecutada bajo un régimen de gestión directa por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva Europa de Clima, Medio Ambiente e Infraestructuras (CINEA).

A través de él se prestará apoyo tanto a proyectos individuales como a través de préstamos marco. Las subvenciones serán concedidas de dos formas: en respuesta a convocatorias de propuestas que no superen las cuotas nacionales y en concurrencia competitiva a escala de la UE hasta que se agoten los recursos.

Además, el acuerdo contempla la prestación de asesoramiento a los beneficiarios para la preparación, desarrollo y ejecución de los proyectos subvencionables. Para seleccionarlos, se utilizarán unos criterios adjudicación que se destallarán más adelante pero que darán prioridad a los beneficiarios situados en regiones menos desarrolladas.

De hecho, el pacto entre instituciones contempla también un aumento del componente de subvención para las regiones menos desarrolladas que podría llegar hasta el 25% de la parte de préstamos (2.500 millones).

Por otro lado, el acuerdo recoge una serie de principios horizontal que deben ser respetados por todas las inversiones que vayan a ser subvencionadas por este instrumento, como el respeto de los derechos fundalmentales, la igualdad de género, la no discriminación y el principio de ‘no ocasionar daños significativos’ sobre el medio ambiente.

«Es una herramienta importante para ayudar a nuestras regiones y comunidades a hacer frente a los retos derivados de la transición climática y completará nuestra caja de herramientas para ayudar a las personas que viven en regiones beneficiarias de las medidas para una transición justa a desarrollar nuevas capacidades y crear nuevas empresas y puestos de trabajo», ha destacado la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.