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La Asociación Pola Defensa da Ría subraya que «es Ence y no las AA.PP.» quien debe buscar fondos europeos para mudarse

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La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra subraya que «es Ence y no las administraciones» quien debe buscar fondos europeos para acometer una eventual mudanza de la fábrica que en la actualidad se ubica en los terrenos de Lourizán.

Este colectivo ve «inaudita» la cantidad de «recursos y esfuerzos consumidos» para realizar una reunión cuyo «único objetivo» vincula con «buscarle acomodo a una empresa privada». Por su parte, la asociación cree destaca que Ence, «como cualquier otra, tiene la obligación de cumplir la legislación y buscar las alternativas necesarias para llevar adelante su actividad y mantener los puestos de trabajo».

En el mismo sentido, entiende «desproporcionada» la representación de la compañía en ese encuentro, y no entiende «la razón de la presencia en ella de algunos sectores que nada tienen que aportar en este tema».

Considera «desafortunada» la actitud del Ministerio de Transición Ecológica, al asegurar que «deja en las manos de la Audiencia Nacional y la Xunta la decisión de la posible continuidad de Ence en Lourizán», lo que, en su opinión, es hacer «dejación de funciones» al «inhibirse en la exigencia del cumplimiento de la legislación de Costas vigente».

Asimismo, critica «el papel jugado» por la Xunta, a la que reprende por, «lejos de defender el derecho público, haber apostado por la defensa vergonzosa de la permanencia de la empresa en su actual emplazamiento». «Incluso propone la creación de una segunda fábrica de celulosas en Galicia», censura.

En este sentido, la Asociación Pola Defensa da Ría cree que «dejar en manos del Gobierno gallego la solución a la salida de Ence de la ría es lo mismo que dejarla en manos de la propia empresa».

«Para nosotros, cualquier acuerdo con Ence pasa por poner fin a la actividad de la empresa en Lourizán de forma inmediata y la recuperación del dominio público que, por ley, tenía que haber abandonado en julio de 2018.

Por último, sobre esa eventual fábrica de pasta de papel, exige, de haberla, un procedimiento público, abierto a la participación de cualquier empresa del sector que desee optar a tal instalación.

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