El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden que fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad, que permitirán así la entrada en vigor de la nueva estructura del recibo de la luz a partir del próximo 1 de junio.

Los cargos financian aquellos costes regulados del sistema eléctrico con la excepción de la retribución de las redes de transporte y distribución.

En el caso del sistema eléctrico español, los más relevantes son el coste del régimen especial de las energías renovables, de la cogeneración y de la generación con residuos (Recore), la cobertura del déficit de años anteriores y la compensación del 50% del sobrecoste de la generación en los territorios no peninsulares.

En concreto, el importe total de los cargos del sistema eléctrico asciende a unos 9.578 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 2.956 millones de euros, fundamentalmente provenientes de las figuras impositivas de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y de las subastas de derechos de emisión de CO2, lo que deja un importe de cargos a financiar por losconsumidores en 2021 de 6.621 millones de euros.

La orden aprobada establece los precios para el año 2021 de los diferentes segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico, los precios aplicables a los puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público y los precios unitarios de aplicación a la financiación de los pagos por capacidad.

Según consta en la orden, los porcentajes a aplicar a efectos de la información sobre el destino del coste de los cargos del sistema eléctrico en el contenido de la factura de electricidad serán del 47,93% para el Recore, el 37,89% para el déficit, del 14,04% para los territorios no peninsulares y del 0,13% para otros conceptos.

Esta orden se desarrolla en aplicación del proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodología para calcular los cargos de la factura de electricidad.

Con estos precios de los cargos se busca asegurar que los ingresos del sistema eléctrico en 2021 sean suficientes para cubrir el importe total de los costes regulados que financian los cargos en este ejercicio.

REAL DECRETO DE METODOLOGÍA DE LOS CARGOS.

Esta orden complementa así el Real Decreto de metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico que aprobó el pasado mes de marzo el Gobierno y que define así que el cálculo de los cargos tendrá una parte fija y una variable, que se determinarán en función de la potencia contratada y la energía consumida, respectivamente.

Junto a los peajes de transporte y distribución –fijados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)–, los cargos componen la parte regulada del recibo de la luz.

La metodología aprobada establece una estructura de cargos similar a los peajes de transporte y distribución para aportar coherencia y simplicidad al sistema.

Para aportar simplicidad y coherencia al sistema, el Real Decreto asume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

También se utilizan los mismos componentes de facturación y se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria, empleando para ello el mismo diseño de periodos que el propuesto por el regulador para los peajes.

Lo más reseñable de esta estructura tarifaria, fijada inicialmente por la CNMC y reproducida en el Real Decreto, es que todos los consumidores con una potencia contratada inferior a 15 kW –la mayoría de usuarios domésticos y pymes– pasarán a tener tres periodos de facturación diferenciados.

El texto también adapta la figura del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) a la nueva estructura de peajes y cargos. El esquema de reparto de los cargos permitirá recuperar un importe equivalente al obtenido con los precios de los peajes de acceso y los pagos por capacidad vigentes para cada segmento tarifario.

PARLAMENTO Y CIG

El Parlamento de Galicia pidió este mismo miércoles ampliar el plazo de alegaciones al proyecto de orden de los nuevos precios eléctricos y de los pagos por capacidad, a través de una proposición no de ley del PP, que contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PSOE.

Con anterioridad la central nacionalista CIG calculó que los hogares gallegos podrían ver incrementada la factura anual de la luz hasta en un 34% con estos nuevos precios y pagos por capacidad.