El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa herculina, Inés Rey, han expresado su rechazo al traslado del centro de operación de red (COR) de A Coruña a Madrid y mostrado su respaldo a las demandas de los trabajadores.

Lo han hecho tras desplazarse hasta este centro que, según ha explicado Formoso, pretendían visitar, pero que no pudieron hacer al no permitírselo la empresa «con la excusa del cumplimiento de la normativa Covid».

En declaraciones a los medios, el presidente de la Diputación de A Coruña ha trasladado el rechazo «a una forma de actuar de algunas empresas energéticas que ven Galicia como un territorio donde explotar los recursos naturales sin ningún tipo de implicación social».

En concreto, ha reprochado a Naturgy, cuya actuación ha calificado de «capitalismo salvaje», falta de «compromiso con Galicia», al tiempo que ha expuesto que el traslado de este centro a Madrid afectará a la «calidad en el servicio», además de incidir en la situación de los trabajadores.

Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, ha coincidido en denunciar «la falta de compromiso de Naturgy con Galicia, insistiendo en que se trata de una empresa «que recibe dinero público». A la Xunta, le ha exigido además que «no renuncie a ejercer sus competencias».

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Mientras, Luciano Vallín, presidente del comité de empresa de UFD Grupo Naturgy, ha agradecido el apoyo recibido y ha reivindicado como «fundamental» este centro.

En declaraciones a Europa Press, ha argumentado también que en estos momentos no saben «qué va a pasar» después de que se esté pendiente de la situación de 23 trabajadores al ubicar a otros tres en Ourense y otro llegar a un acuerdo para desvincularse de la empresa.

De estos 23 empleados, ha dicho que se ofreció recolocar a nueve y a otros 14 trasladarlos a Madrid. «Queremos un compromiso de que en un máximo de tres años estarían en Galicia», ha manifestado al explicar sus demandas.

Ha afirmado también que el 26 de marzo «la empresa rompió la negociación» y que los trabajadores tenían de plazo hasta el 14 de abril para aceptar lo planteado por la empresa, y que se les remitió, ha explicado, de manera individual esta cuestión.