Las comunidades autónomas han ratificado en la conferencia sectorial de igualdad los acuerdos sobre distribución de fondos para el Plan Corresponsables, que creará una red de empleo público para cuidadores, así como para la creación de centros 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual. Galicia recibirá 10,7 millones del primero y 4,7 millones para los segundos hasta 2023.

Tal y como recoge el texto, recogido por Europa Press, las autonomías han autorizado «la propuesta de distribución territorial, según criterios objetivos» de los 190 millones de euros destinados al desarrollo del Plan Corresponsables. En este reparto no se incluyen País Vasco y Navarra.

Con este dinero, las autonomías y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, deberán poner en marcha proyectos para facilitar la conciliación de las familias con menores de 14 años mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, la creación de empleo de calidad en el sector de cuidados y la puesta en marcha de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional o vías no formales.

Tal y como ha informado Igualdad, el reparto se ha decidido siguiendo las siguientes variables y ponderaciones: población menor de 14 años (60%); insularidad (2%); ciudad fronteriza (1,5%); superficie (13,5%); dispersión de la población (15%); y grandes urbes (8%).

LAS QUE MÁS RECIBEN: ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID

De esta forma, Andalucía es la comunidad que recibirá una mayor cantidad (30 millones de euros), por delante de Cataluña (23,1 millones) y la Comunidad de Madrid (22,1%). Por el contrario, Ceuta y Melilla son las que menos cuantía ingresarán para poner en marcha este plan, con 1,7 millones cada una. Cantabria, con algo más de 3 millones de euros y La Rioja con 3,3 millones, son las autonomías con menor financiación.

En cuanto a los fondos destinados a la creación de centros 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual, que se pretenden abrir en, al menos, cada provincia española, las autonomías han ratificado el reparto de 19,8 millones, aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros.

En este caso, el dinero se utilizará para crear estos centros de crisis donde se facilitará atención psicológica, jurídica y social para las víctimas, familiares y personas del entorno. Además, la entrada en funcionamiento del centro de crisis 24 horas tendrá que estar precedida de la aprobación de un protocolo de actuación y coordinación interno e interinstitucional con la red de servicios de atención, protección y asistencia a víctimas, señala el texto ratificado.

«El objetivo perseguido por la presente distribución territorial de créditos es extender y hacer accesible a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral», explica el acuerdo.

30% DE TRANSFERENCIA EL PRIMER AÑO

En este caso, la distribución se ha hecho determinando una cuantía fija por provincia de un millón de euros para el período de tres años de ejecución del proyecto. Además, se establece en este primer año una transferencia del 30% del total de la inversión.

Del mismo modo, se ha tenido en cuenta la insularidad, que pondera un 2%; así como la distribución de mujeres de 16 y más años (15%); y la dispersión de la población (4,21%).

En este caso, la comunidad que recibirán una cuantía mayor son Castilla y León y Andalucía, con más de 2,9 millones, seguidas de Castilla-La Macha, a la que corresponden 1,7 millones y Cataluña, que recibirá 1,6 millones. Ceuta y Melilla (con 305.000 euros); Cantabria (367.000) y Navarra (392.000) cierran el ranking.

LA RECLAMACIÓN DE LA XUNTA

Por su parte, la Xunta ha reclamado que el estado compense «la ruralidad de Galicia» en el reparto, a través de la participación del secretario xeral de la Consellería de Emprego e Igualdade, José Ramón Pardo, y la secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella.

En ambos casos, Galicia reclamó del estado que en la distribución se tenga en cuenta el criterio de población rural «para dar cobertura de las mujeres y familias residentes en lugares alejados del urbano».

En relación con la apertura de centros de atención continua a víctimas de agresión sexual, solicitó diseñar de primera mano los servicios para «garantizar la disponibilidad de forma equitativa, asegurando su accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales».

La comunidad pide que los aspectos de reparto que se utilice en la puesta en marcha de estos centros sean «los mismos que en la asignación de fondos del pacto de estado contra la violencia de género» y que se asimile el criterio de «población rural» al de insularidad, al de número de mujeres mayores de 15 años o al de dispersión poblacional.

Por otra parte, la Xunta mostró su discrepancia en la distribución del Plan Corresponsables, dinero que puede destinarse a proyectos que faciliten la conciliación de familias con menores de 14 años mediante la creación de becas de cuidado profesional, creación de empleo y puesta en marcha de un sistema de acreditación de competencias profesionales.

López Abella defendió que «por coherencia» se habilite en los fondos «una partida especifica para comunidades con mayor peso de población en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes».