La Plataforma en Defensa da Hostalaría Galega ha expresado su rechazo a las nuevas medida para el sector anunciadas por la Xunta y que entran en vigor este viernes. Para este colectivo, que agrupa a asociaciones de hostelería de toda Galicia, «el Gobierno gallego vuelve a adoptar decisiones arbitrarias y discriminatorias, con escaso rigor técnico y científico, basadas en la improvisación y sin diálogo previo con el sector».

A través de un comunicado, esta entidad se ha mostrado crítica con el «agravio» que supone para los establecimientos que prestan servicio de comidas con que la ampliación horaria hasta las 23 horas solo se les permita a los locales con licencia de restaurantes.

Por ello, lamenta la «doble discriminación» que viene sufriendo el sector de la hostelería, a la que se le «impide desarrollar actividades permitidas en horario diurno y que recogen sus propias licencias». A este respecto, han recordado que llevan «13 meses parados sin una compensación económica que pueda ser considera válida para el mantenimiento de las empresas y sus equipos de trabajo».

Esta plataforma también cuestiona la exigencia de equipar los restaurantes con medidores de CO2 para poder servir en el local entre las 21 y las 23 horas, una medida «difícilmente explicable en términos de control de la pandemia y que semeja más una nueva burla al sector».

Para esta entidad, otra cuestión «polémica» y que «demuestra la improvisación del anuncio» es el tratamiento y custodia de los datos personales del registro de clientes. «Menos improvisación y más diálogo», ha remarcado esta plataforma, que urge a la Xunta «no improvisar las medidas que le afectan a un sector fundamental para la economía gallega».

Así, insta a actuar con «máxima responsabilidad y rigor técnico». La entidad le reclama nuevamente al Gobierno autonómico «sentarse a dialogar con el sector antes de hacer anuncios para los medios de comunicación, que han demostrado no ser efectivos y que solo suponen nuevos gastos económicos y obligaciones para los negocios», como el código QR, que se ha demostrado «ineficiente».

Además, reclama una vez más que la Xunta «lidere el plan de rescate» propuesto por el sector ante el Gobierno central.