La ampliación a 35 años del cálculo de la base reguladora en el sistema de pensiones impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, que disminuiría alrededor de un 8,6%, según el estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura.

Los expertos han investigado cómo esta medida afectaría en mayor o menor medida a determinados grupos de trabajadores según sus diferentes características. La variable más relevante es, según el análisis, la duración de la carrera laboral, ya que las personas con carreras cortas verían disminuir su pensión un 15% frente a aquellas con carreras largas (equivalente a más de 43 años y 8 meses cotizados), que sufrirían la mitad de reducción (7,5%).

Asimismo, el estudio detecta un posible problema de «discriminación indirecta» por razón de género, ya que las mujeres presentan carreras laborales más cortas, con lo cual su pensión inicial se recortaría un 10,3%, frente a un 7,9% en el caso de los hombres. Esto supone una reducción superior al 30% para las mujeres respecto a los hombres.

La edad de jubilación también tiene un efecto relevante. Según los cálculos del observatorio, el impacto sobre la pensión de aquellos trabajadores que decidieran demorar su jubilación sería mayor, con una reducción del 11,6%, frente al 8% de los que opten por anticipar su retiro.

En definitiva, desde el punto de vista de los pensionistas, el aspecto negativo de esta reforma es el impacto que tendría sobre la suficiencia de las futuras pensiones. No obstante, tal y como se apunta desde el estudio, hay que tener en cuenta que los individuos podrían compensar, total o parcialmente, esta reducción modificando su comportamiento, retrasando por ejemplo su acceso a la jubilación.

MÁS RECORTE AÚN PARA LOS AUTÓNOMOS

Otro de los colectivos más perjudicados por el alargamiento del periodo de cómputo, según desvela el informe, serían los autónomos, con una bajada del 10,3%, frente al 8,6% de reducción en el régimen general. Esto es debido a que la inmensa mayoría cotizan por las bases mínimas durante los periodos más alejados de la edad de jubilación y a que los meses no cotizados computan con cero euros para este grupo, «penalizando fuertemente» el valor de la base reguladora.

En cuanto al impacto sobre el gasto en pensiones, el análisis muestra que el ahorro que genera esta medida tardaría bastantes años en notarse, como ocurre con todas las medidas que afectan solo a las nuevas pensiones de jubilación y, además, se implantan en un largo periodo transitorio.

Concretamente, en 2040 el ahorro sería del 0,65% del PIB de ese año, pasando en 2050 al 0,88% del PIB, para empezar a descender paulatinamente a partir de esa fecha, llegando en 2067 al 0,64% del PIB.