Los principales sindicatos de la comarca de Vigo han lamentado este martes el «nuevo golpe» a la industria naval, tras la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que abre la puerta a la extinción de la concesión portuaria de la antigua Factorías Vulcano (ahora astilleros San Enrique), y han reclamado a la Autoridad Portuaria que, junto a los nuevos propietarios de las instalaciones, busque una solución para mantener la actividad industrial en el recinto.

La sentencia del Tribunal declara que el Puerto tiene la competencia para tramitar y resolver la extinción de esa concesión, que fue incluida en la venta de la unidad productiva cuando se ejecutó la liquidación del centenario astillero vigués.

Así, mientras que el Puerto sostiene que esa concesión quedaba extinguida y la podía recuperar, el juzgado Mercantil resolvió que debía formar parte de la venta de Vulcano, y así se realizó cuando las instalaciones pasaron a manos de su actual propietaria, Marina Meridional. Ahora el Tribunal ha dado la razón al Puerto, lo que pone en jaque la actividad de construcción y reparación naval proyectada por los nuevos dueños.

CC.OO. ha lamentado que este conflicto se ha resuelto «de la peor manera» para los intereses de la industria naval de la comarca viguesa y de toda Galicia, y han calificado la resolución como «muy negativa y perjudicial».

«Esta resolución es una piedra más en el tortuoso camino que los trabajadores y trabajadoras de la extinta Vulcano, así como los de la industria auxiliar del Naval, tienen que sufrir por falta de apoyos, estrategias y políticas que ayuden a potenciar nuestras empresas para superar las dificultades actuales del sector», ha condenado la central sindical, que ha pedido una «reunión urgente» con el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuíña, para «buscar soluciones» ante la imposibilidad de continuar la actividad en la grada de Teis.

Por su parte, la federación de Industria de UGT ha apuntado que «los claros perjudicados» de la decisión del tribunal son los trabajadores, ya que la sentencia provocará «un retraso importante en la reactivación del astillero», cuando la plantilla tiene las prestaciones por desempleo agotadas y están «sin opciones reales de recolocación a corto plazo».

Para UGT «llegó la hora de la política con mayúsculas» y ha instado al presidente del puerto a «situarse al frente y dar una solución viable y rápida» a la situación, ya que «tiene toda la responsabilidad sobre la misma». «No vamos a permitir que se tomen decisiones distintas a que dicha concesión siga vinculada a la actividad naval e industrial», ha advertido el sindicato.

Mientras, la CIG también ha lamentado la resolución del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que, en su opinión, evidencia «el nulo interés del Estado en apoyar el sector naval vigués», pese a que es una industria «estratégica» en Vigo y en Galicia, así como «motor» del que dependen miles de empleos.

La central nacionalista ha advertido de que la retirada de la concesión a los actuales dueños del astillero «frustra la posibilidad de iniciar cualquier proyecto de construcción naval en la zona», y ha reiterado su apuesta porque se mantenga en las instalaciones esa actividad. Asimismo, ha solicitado al Puerto que «reconsidere» su posición «y se posicione claramente en defensa de la industria naval de la comarca».

«APLICAR LA LEGALIDAD»

Por su parte, ni el presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuíña, ni los actuales dueños del astillero, Marina Meridional, han querido pronunciarse sobre la resolución del Tribunal, alegando que todavía no conocen los detalles, aunque sí la ha valorado Enrique López Veiga, anterior presidente de la Autoridad Portuaria e iniciador de la ‘batalla’ administrativa y judicial para recuperar esa concesión.

En declaraciones a Europa Press, López Veiga ha mostrado su satisfacción por la resolución judicial, que supone la recuperación de la concesión para el Puerto y ha lamentado que, durante todo este conflicto, «hubo gente que habló de más». «No me sorprende el resultado, se trata de aplicar la legalidad, y no se pueden tomar a la ligera ni la ley ni un dictamen del Consejo de Estado», ha aseverado.

El expresidente portuario ha ido más allá y ha expresado abiertamente su opinión de que permitir la actividad de «un nuevo astillero» no parece «lo más adecuado», mientras que el «uso logístico» sería «lo más sensato». «Ahora la concesión está extinta por ley, y lo que cabe es que el Puerto vea cuál es el mejor uso para dicha concesión», ha concluido.