Las negociaciones entre la multinacional estadounidense Alcoa y la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) para la venta de la planta de aluminio de Cervo (Lugo) están estancadas a poco más de tres semanas de que termine el plazo establecido (el 30 de abril), según han constatado este martes las partes convocadas por el Ministerio de Industria a una reunión de seguimiento sobre el proceso.

Por un lado, el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Francisco Conde, señala que el encuentro concluyó «sin avances», por lo que pide a la empresa y al Gobierno central que «den la máxima agilidad posible a las negociaciones en curso para cerrar cuanto antes un acuerdo de venta de la planta de San Cibrao».

En la cita, telemática y a la que no estaba convocada Alcoa, participaron los sindicatos y el comité de empresa, que ha declinado pronunciarse hasta este miércoles, después de analizar el contenido de la reunión.

«Trasladamos al Gobierno la necesidad de dotar de agilidad este proceso de negociaciones y de que haya un compromiso de transparencia por parte de Alcoa y de la SEPI para concretar un acuerdo de venta y trasladar certidumbre a los trabajadores antes del 30 de abril», destaca la consellería que dirige Conde.

A través de un comunicado de prensa, subraya que tanto Alcoa como la SEPI «tienen que cerrar lo antes posible un acuerdo de compra-venta que certifique la viabilidad de la planta de San Cibrao».

En este contexto, Conde ha apelado «al diálogo y el entendimiento», y «a trabajar de forma conjunta para que la operación de venta de la planta de A Mariña concluya con la mejor de las noticias».

LA CIG

Por su parte, la CIG también demanda al Ejecutivo central «acelerar las negociaciones» para que la fábrica de San Cibrao esté «en manos» de la SEPI «antes de terminar el mes».

La central reclama a los gobiernos «consumar hechos y realidades» para garantizar la continuidad productiva y de los empleos en San Cibrao.

Concreta la CIG que las partes están ahora «enredadas» en la situación financiera del grupo GFG Alliance, al que pertenece Liberty, la compañía interesada en hacerse con la factoría.

Por su parte, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, considera «indispensable» que la fábrica de aluminio «quede bajo control de la SEPI antes de terminar el plazo de negociaciones», aunque el comprador final «no sea Liberty». «Solo así se podrá abordar la búsqueda de una nueva propiedad con la tranquilidad y seguridad de mantener la producción y los empleos», advierte.

En esta línea, Carril instó a la SEPI a buscar «compradores alternativos», debido a las «dudas financieras que genera en estos momentos GFG Alliance».

UN PROCESO FRUSTRADO

Durante 2020, el Gobierno ya negoció con Alcoa para tratar de que fructificase una operación de compra-venta relativa a las instalaciones de Cervo que resultó frustrada.

Por entonces, la multinacional tenía la intención de llevar adelante un despido colectivo para más de 500 trabajadores que el comité y los sindicatos llevaron a la justicia, que terminó por impedirlo.