El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha dictado sentencia en la que declara que corresponde a la Administración (por ende, al Puerto de Vigo) tramitar y resolver el expediente de extinción de la concesión del antiguo astillero Factorías Vulcano, una decisión que puede poner en riesgo el proyecto industrial para esas históricas instalaciones, ahora en manos de la sociedad Marina Meridional.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el conflicto de jurisdicción entre la Delegación del Gobierno en Galicia y el juzgado Mercantil 3 de Pontevedra acerca de la concesión (en tierra y en la lámina de agua) del centenario astillero.

Así, mientras que el juzgado incluyó esa concesión en el proceso de liquidación del astillero y en la posterior venta a Marina Meridional, la Delegación del Gobierno y el Puerto de Vigo sostienen que, una vez disuelta la sociedad Factorías Vulcano, dicha concesión quedó extinguida.

Ahora, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha avalado las tesis de la Abogacía del Estado (y del Puerto), y ha declarado que es competencia del organismo portuario tramitar la extinción. De hecho, en su sentencia, señala que el Mercantil 3 de Pontevedra «invadió potestades» de la Autoridad Portuaria sobre la gestión del dominio público.

Este tribunal ha señalado que la concesión objeto de polémica se rige por la legislación de Puertos del Estado y no por la normativa de contratos del sector público, al tiempo que ha recordado que «no hay elementos» en la Ley Concursal que atribuyan al juez del Mercantil la competencia sobre el régimen de concesión demanial.

CONFLICTO

Este conflicto tiene su origen en la liquidación de Factorías Vulcano, un astillero con más de 100 años de historia en el barrio vigués de Teis y que, tras años de problemas económicos, entró en su último concurso de acreedores en 2011. En julio de 2019 se declaró disuelta la sociedad y se abrió fase de liquidación, cuyo plan fue aprobado en noviembre de ese año.

El Puerto recurrió la aprobación del plan de liquidación ante la Audiencia, al entender que la concesión no podía ser objeto de venta porque estaba extinguida, pero el tribunal provincial avaló la decisión del juez de primera instancia. Así, se completó el proceso y las instalaciones (junto con la concesión, que finaliza en 2027) fueron vendidas a Marina Meridional que, precisamente, a finales de marzo pasado completó el pago por el astillero, casi 8 millones de euros.

La decisión del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción pone en jaque ahora el futuro del proyecto de Marina Meridional (sociedad tras la que está el empresario vigués José Alberto Barreras) ya que, aunque tenga las instalaciones, no podrá desarrollarse en ellas la actividad de construcción y reparación naval sin disponer de la concesión.

El Puerto de Vigo ha mantenido, desde el origen del conflicto, que esa concesión debe retornar y, en su caso, salir de nuevo a concurso. De hecho, el propio José Alberto Barreras señalaba hace unos días, en un encuentro con medios, que si el Tribunal fallaba a favor de las tesis del organismo portuario, tratarían de negociar una nueva concesión, incluso de más superficie que la actual.

Barreras anunció entonces que las instalaciones, rebautizadas como Astilleros San Enrique, estudian más de una treintena de propuestas de contratos de construcción y reparación naval, por valor de unos 240 millones de euros.

Asimismo, reconocía que la incertidumbre sobre la concesión provocaba reticencias entre posibles clientes, por lo que está por ver cómo afectará la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción al futuro del astillero.