El Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ha tachado de «inaceptable» la ralentización del proceso de concesión de licencias urbanísticas, «que tarda entre 18 y 20 meses, por parte de la mayoría de ayuntamientos de la comunidad autónoma de Galicia».
En un comunicado, la organización, que representa a los Colexios de Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, ha destacado «la importancia capital» de este tipo de licencias para el desarrollo y ejecución del Plan Social pola Vivenda 2021-2025 impulsado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Vivenda.
En una reunión con la Administración autonómica para abordar el pacto de vivienda, el presidente del Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Pelayo C. Eyo Valladares, recordó a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y al director general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García Porto, que la ley del suelo de Galicia fija un plazo máximo de tres meses para la concesión de licencias municipales.
«Hoy el tiempo medio de concesión se establece entre 18 y 20 meses. En una sociedad moderna y competitiva esta demora es inaceptable», ha indicado Valladares.
BONIFICACIONES FISCALES Y AGILIDAD EN LOS TRÁMITES
«El Colegio está a disposición de la Administración autonómica», ha recalcado la asociación, que ha insistido en que la rehabilitación, regeneración y renovación del parque de viviendas de Galicia «debe ser protagonista en el Pacto Social porque es necesario y urgente mantener y conservar el patrimonio construido; fomentar y mejorar la eficiencia energética de las viviendas y proteger los inmuebles del gas radón».
«Solicitamos bonificaciones fiscales y una reducción en la demanda de nuevos desarrollos urbanísticos, así como la simplificación de todos los trámites de autorizaciones sectoriales en la concesión de las licencias urbanísticas», ha apuntado Aparelladores de Galicia.
En este sentido, el Colegio ha propuesto «dotar de mayor capacidad técnica a los ayuntamientos de Galicia para que puedan incrementar sus plantillas» y que éstas puedan hacerle frente al reto de agilizar los procesos administrativos. «Los municipios deberían destinar parte de sus ingresos por tasas e impuestos de licencias en reforzar sus equipos de personal técnico y así poder reducir unos plazos que hoy son inasumibles», ha recomendado Valladares.
La asociación también se ha mostrado preocupada por el resultado final de una licencia urbanística dependiendo de qué técnico municipal la analice ya que, según han apuntado, «la normativa no es clara y da pie a diferentes interpretaciones y, dependiendo de qué técnico informe sobre una solicitud, el resultado final será uno u otro».